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Las amnistías y facilidades de pago otorgadas por el Gobierno dominicano a los contribuyentes morosos están perdiendo su «magia» recaudatoria. Aunque estas medidas alivian la carga de miles de deudores, los datos oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) revelan que el impacto positivo en las arcas del Estado viene en franco declive.
En los últimos cinco años y medio, la administración tributaria ha recurrido a tres legislaciones excepcionales. Si bien entre 2020 y 2024 las dos primeras amnistías lograron inyectar al fisco 37,755.8 millones de pesos, la brecha entre el éxito de una y otra evidencia que el mecanismo se está agotando.
De mayor a menor: La caída de los ingresos por perdón fiscal
El análisis del comportamiento de las recaudaciones muestra cómo el interés y la efectividad de estas leyes ha mermado drásticamente con el tiempo:
El gran rescate (Ley 46-20): Implementada entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 (sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial), fue un rotundo éxito financiero. Logró que 43,955 contribuyentes se pusieran al día, aportando al Estado la robusta suma de RD$29,591.5 millones.
La desaceleración (Ley 51-23): Promulgada en agosto de 2023 bajo un tratamiento especial transitorio, su impacto fue notablemente menor. Solo atrajo a 15,524 contribuyentes y su recaudación cayó a RD$8,164.3 millones hasta septiembre de 2024.
Esta tendencia a la baja confirma que los programas consecutivos de perdón fiscal generan un efecto de rendimientos decrecientes para el Estado, ya que el universo de grandes deudores que pueden o quieren regularizarse se reduce tras cada convocatoria.
La nueva apuesta: Ley 30-26 y el plan anticrisis
A pesar del evidente desgaste de la fórmula, el Gobierno ha vuelto a jugar la misma carta. Casi tres años después del último proceso, la recién promulgada Ley 30-26 de medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional introduce una nueva facilidad de pago en su artículo 8.
Esta nueva amnistía forma parte de una estrategia más amplia con la que las autoridades económicas buscan recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos. Sin embargo, conscientes de que el «perdón» de deudas ya no rinde los mismos frutos que antes, el grueso de esa ambiciosa meta dependerá esta vez del aumento directo en las tasas de diversas figuras impositivas.
