El Congreso se pone a prueba: Código Laboral y Seguridad Social encabezan la agenda del 27 de febrero

Janet Báez
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Santo Domingo, RD.-Este 27 de febrero, mientras el país celebra su Independencia, el Congreso Nacional iniciará una nueva legislatura bajo una presión sin precedentes: saldar la histórica deuda legislativa con reformas que impactan directamente el bolsillo y los derechos de los dominicanos.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, confirmó este miércoles que la hoja de ruta está trazada. El objetivo no es solo aprobar leyes, sino modernizar un marco legal que, en muchos casos, ha quedado estancado por décadas.

Las prioridades: Trabajo y Seguridad Social

El foco principal estará sobre el Código Laboral, pieza que ya superó la barrera del Senado y ahora descansa en la Cámara de Diputados. «Entendemos que los diputados harán lo propio», señaló De los Santos, dejando la pelota en la cancha de la cámara baja.

Junto a la reforma laboral, la modificación de la Ley de Seguridad Social se perfila como el tema de mayor interés nacional, buscando responder al clamor de mejores pensiones y servicios de salud.


Un «corre ve y dile» contra la mora legislativa

La reforma constitucional de 2024 impuso un cronograma estricto: el Congreso tiene un plazo de siete legislaturas para eliminar el retraso en la aprobación de leyes complementarias. Aunque De los Santos afirma que la mora ha ido disminuyendo, la lista de pendientes sigue siendo pesada:

Ley de Aguas: Un proyecto con décadas de debates sin solución.

Reforma a la Policía Nacional: Clave para la seguridad ciudadana.

Actualizaciones mayores: Códigos Civil, de Comercio y de Procedimiento Civil.

Derechos ciudadanos en espera

La Constitución ordena reformas que no han logrado avanzar en las últimas tres legislaturas, entre las que destacan la Ley de Antidiscriminación, la de Derechos de Participación Ciudadana y la de Propiedad Inmobiliaria Titulada.

Dato clave: La octava disposición transitoria de la Constitución es el «reloj» que presiona a los legisladores para dotar al país de estas herramientas legales antes de que se agote el tiempo establecido.

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