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Washington, D.C. – El secretario de Estado, Marcos Rubio, en representación de la administración Trump, dio a conocer una nueva y firme política migratoria que contempla la limitación del otorgamiento de visas a ciudadanos extranjeros, especialmente a funcionarios gubernamentales, que participen en acciones de represión o censura dirigidas contra ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos. La iniciativa busca proteger el derecho a la libre expresión, considerado uno de los valores fundamentales de la democracia estadounidense.
“La libertad de expresión es un componente esencial del estilo de vida estadounidense, un derecho de nacimiento sobre el cual gobiernos extranjeros no tienen jurisdicción”, expresó Rubio en un comunicado oficial, también difundido en la red social X.
Según esta nueva directriz, se negará el ingreso al país a individuos que, desde sus naciones de origen, hayan intimidado, castigado o intentado silenciar expresiones protegidas realizadas por estadounidenses. Esto incluye, por ejemplo, la emisión o amenaza de emitir órdenes de arresto contra ciudadanos o residentes de EE.UU. por publicaciones realizadas en redes sociales o plataformas digitales con sede en Estados Unidos, mientras las personas se encontraban en territorio estadounidense.
Asimismo, Rubio indicó que los familiares inmediatos de los sancionados también podrían ser afectados por estas restricciones migratorias.
“No permitiremos que se vulnere nuestra soberanía ni que se atente contra el derecho fundamental a expresarse libremente. Esta es una advertencia directa a quienes crean que pueden perseguir voces estadounidenses desde el exterior”, subrayó el secretario de Estado.
La medida se ampara en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual faculta a las autoridades a considerar inadmisible a cualquier extranjero cuya entrada pudiera acarrear “consecuencias graves para la política exterior de Estados Unidos”.
Esta política también surge como respuesta a recientes inquietudes planteadas por la administración Trump y empresas tecnológicas estadounidenses, frente a intentos de gobiernos extranjeros incluidos algunos aliados europeos de imponer normativas de moderación de contenido con efectos extraterritoriales. Tales medidas han sido interpretadas como intentos de coartar la libertad en plataformas y usuarios estadounidenses, atentando contra principios constitucionales.
La política, que ya está en vigor, representa un endurecimiento de la postura diplomática de Estados Unidos en defensa de su soberanía, la libertad de expresión y la integridad de sus ciudadanos frente a represalias desde el extranjero. Con esta decisión, Washington envía un mensaje inequívoco a gobiernos de América Latina, Europa y otras regiones: reprimir las voces estadounidenses desde cualquier parte del mundo tendrá consecuencias tangibles
