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La Habana.-La Casa Blanca ha decidido dar una nueva vuelta de tuerca a su estrategia de presión contra Cuba. Este lunes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció una contundente batería de sanciones financieras que apunta directamente a la línea de flotación del Gobierno cubano, afectando a ministros, altos mandos policiales y al aparato de inteligencia de la isla.
Entre los nombres más relevantes de esta nueva «lista negra» de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) destacan:
Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional de Cuba.
Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas.
Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones.
Óscar Alejandro Callejas Valcarce, director de la Policía Nacional.
Roberto Morales Ojeda, miembro clave del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Además de los funcionarios, las sanciones han alcanzado de manera institucional a la Dirección Nacional de Inteligencia, bloqueando cualquier activo o propiedad que estas personas o entidades puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohibiendo toda transacción comercial con ellos.
Raúl Castro en la mira de la justicia estadounidense
Este movimiento del Tesoro es solo el preludio de un golpe judicial aún mayor. Según filtraciones de la prensa estadounidense, el Departamento de Justicia prevé presentar este miércoles una acusación formal ante un tribunal de Florida contra el líder histórico Raúl Castro. La acusación estaría vinculada al derribo en 1996 de las avionetas de la organización de exiliados «Hermanos al Rescate», época en la que Castro lideraba el Ministerio de Defensa.
Un escenario de «máxima tensión» y tambores de guerra
La ofensiva diplomática y económica de Washington coincide con un momento crítico para la isla, ya ahogada por el bloqueo energético impuesto por EE. UU. y bajo la sombra de las recientes advertencias del presidente Donald Trump sobre «tomar el control» de Cuba.
La tensión militar también va en aumento. Ante los rumores periodísticos que señalan que La Habana habría adquirido recientemente 300 drones militares provenientes de Rusia e Irán, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, defendió la postura de su administración asegurando que la isla tiene el «derecho absoluto y legítimo a defenderse».
Mientras el cruce de acusaciones sube de tono, tras bambalinas se mueven fichas de alto nivel: la semana pasada, el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó un viaje relámpago a La Habana para reunirse en secreto con altos cargos del Gobierno cubano, en un intento de contener una situación que amenaza con desestabilizar el Caribe.
