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El proceso de evaluación a cinco magistrados y la búsqueda de un nuevo presidente para la SCJ colocan al Consejo Nacional de la Magistratura ante una encrucijada histórica: mantener el diseño político o dar paso por primera vez a un juez de carrera.
La renovación parcial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la República Dominicana vuelve a poner bajo el reflector la idoneidad de los mecanismos de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La decisión de someter a evaluación a solo cinco magistrados tras tres sustituciones por límite constitucional y tres renuncias a la ratificación reactiva la controversia sobre la discrecionalidad con la que actúa el órgano evaluador.
Un reglamento bajo cuestionamiento
Aunque el CNM opera actualmente bajo el Reglamento 2-25 creado tras suspender la normativa anterior en 2025, diversos sectores jurídicos señalan que persiste el problema de fondo: la falta de una ponderación métrica u objetiva para medir el desempeño. Parámetros como la productividad, la ética o la jurisprudencia generada continúan sujetos a la libre interpretación de los consejeros.
El antecedente de 2025 dejó al descubierto esta fragilidad institucional. En esa ocasión, la no ratificación de tres magistrados se saldó con votaciones empatadas que debieron ser desempatadas por el voto calificado del presidente Luis Abinader. Para entes como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y exmiembros del alto tribunal, la falta de una estructura técnica objetiva convierte la evaluación de permanencia en una especie de «re-selección» politizada, lo que vulnera la percepción de independencia judicial.
La disyuntiva histórica: ¿Un presidente de carrera?
Más allá de las ratificaciones pendingentes, el CNM se enfrenta a un hito sin precedentes en casi tres décadas. Por primera vez desde la reforma de 1997, el Consejo tiene el escenario servido para designar en la presidencia de la SCJ a un magistrado que haya recorrido íntegramente los peldaños de la carrera judicial (desde juzgados de paz o primera instancia hasta la máxima corte).
Hasta la fecha, la presidencia del máximo tribunal ha estado reservada para juristas provenientes de la academia, el ejercicio privado o la administración pública. La decisión final recaerá en gran medida en la visión del Poder Ejecutivo, dada la correlación de fuerzas en la composición actual del Consejo.
Elegir a un juez de carrera enviaría una señal sobre el valor del mérito y la profesionalización del sistema; por el contrario, optar por un perfil externo priorizaría la visión de gestión y liderazgo institucional tradicional. El reto del CNM no solo será elegir nombres, sino sustentar sus decisiones con la transparencia que exige el marco constitucional.
