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LA VEGA. – El río Camú, uno de los principales afluentes de la región del Cibao, continúa bajo el asedio de la extracción ilegal de agregados. El Ministerio de Medio Ambiente en la provincia admitió que las operaciones clandestinas de robo de arena persisten en diversos puntos de la cuenca, superando la capacidad de respuesta y fiscalización de las autoridades locales.
A raíz de las constantes denuncias comunitarias y mediáticas, la institución ambiental reconoció que se enfrenta a mafias y grupos organizados recurrentes. Sin embargo, revelaron una cruda realidad institucional que juega a favor de los depredadores: la dirección provincial cuenta con apenas 10 técnicos ambientales para vigilar y supervisar una demarcación de casi medio millón de habitantes.
Falta de personal y «alertas» con segundas intenciones
Alfonsina Acosta, miembro de la coordinación de la entidad, fue enfática al señalar que el ministerio no secunda estas prácticas, pero atribuyó el descontrol a la asfixiante falta de personal. «Como ministerio no tenemos una capacidad operativa para abarcar todo… Operamos en base a operativos», confesó, evidenciando que la vigilancia continua en los cauces es materialmente imposible.
Además, las autoridades arrojaron luz sobre una compleja dinámica social detrás de las quejas: en múltiples ocasiones, las denuncias no nacen de un genuino interés ecológico, sino de divisiones internas entre los mismos extractores. Según explicaron, algunos comunitarios reportan los daños ambientales solo cuando dejan de recibir los beneficios económicos o el «peaje» por parte de las redes que operan los yacimientos de arena.
El fantasma de la presión de los camioneros
Otro de los grandes desafíos identificados es el poder que ejercen los sindicatos de transportistas de materiales. Aunque en La Vega no se han registrado bloqueos recientes, las autoridades recordaron el precedente de zonas como Maimón, donde los camioneros han llegado a paralizar el tránsito para presionar y defender las actividades de extracción.
Diagnóstico de una crisis:
Personal insuficiente: 10 técnicos para supervisar a 500,000 habitantes.
Vigilancia reactiva: La falta de recursos obliga a depender exclusivamente de operativos sorpresa itinerantes.
Redes organizadas: Los infractores conocen los baches logísticos de la ley y se coordinan a nivel nacional.
Tanto los defensores del medio ambiente como los residentes conscientes coinciden en que, si no se dota de garras y presupuesto real a la delegación de Medio Ambiente en La Vega, los daños sobre el cauce del río Camú pasarán de preocupantes a completamente irreversibles.
