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Santo Domingo.– Lo que inició en 2022 como la gran promesa del gobierno de Luis Abinader para sepultar la obsoleta Ley 6132 y blindar la libertad de prensa en la República Dominicana, ha terminado en el fondo del zafacón legislativo. Tras tres años de costosa y extendida redacción, el proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales perimió en el Senado sin pena ni gloria, tras ser abandonado tanto por el Congreso como por el propio Poder Ejecutivo.
La iniciativa nació como un «escudo digital» y democrático en un momento en que el Gobierno enfrentaba duras críticas por la reforma de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y otras propuestas tildadas de «leyes mordaza». Sin embargo, el entusiasmo inicial se desvaneció por completo.
El distanciamiento de Abinader: «Ni una coma»
El proyecto fue presentado con bombos y platillos por el mandatario en abril de 2024 durante su encuentro con la prensa «La Semanal». Pese a esto, el texto no llegó formalmente al Senado sino hasta mayo de 2025.
A medida que el documento empezó a recibir fuego cruzado por parte de diversos sectores especialmente por sus polémicas intenciones de regular plataformas digitales y redes sociales, el Poder Ejecutivo comenzó a replegarse. En una declaración que marcó el destino de la pieza, el presidente Abinader se distanció públicamente del borrador, asegurando que no tenía «ni una coma» redactada por él y responsabilizando por completo a la Comisión Consultiva (Cclex) que él mismo había creado.
Muerte por letargo en el Senado
A pesar de que una comisión especial encabezada por la senadora Aracelis Villanueva inició rondas de consultas con juristas, comunicadores y entidades como Participación Ciudadana, el proceso se estancó.
La propuesta de la comisión redactora, coordinada por Namphi Rodríguez, de retirar el controversial capítulo de las redes sociales para salvar el resto de la ley no fue suficiente. El Congreso concluyó la legislatura sin que se emitiera un informe definitivo, dejando que los plazos constitucionales vencieran y condenando la pieza al archivo.
Lo que se perdió en el camino
Con el archivo de esta propuesta, quedan en el limbo transformaciones claves para el ecosistema de medios dominicano, tales como:
El reconocimiento constitucional del acceso a internet como un derecho universal e inequívoco.
La creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), un ente descentralizado destinado a proteger la libre expresión.
El fortalecimiento legal del acceso a las fuentes informativas sin discriminación estatal.
Por ahora, el país seguirá regido por una legislación de prensa de hace décadas, mientras el proyecto que prometía modernizar los derechos informativos perime en la burocracia legislativa.
