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NUEVA YORK.-El rechazo a la actividad minera en la República Dominicana ha cruzado fronteras, uniendo a la diáspora en Manhattan con los residentes de San Juan de la Maguana en un frente común. Bajo la consigna de proteger el agua y la salud pública, manifestantes en ambas geografías exigieron este domingo el cese de las concesiones extractivas, señalando que la riqueza mineral históricamente no se traduce en bienestar para el pueblo dominicano.
Desde el corazón de Nueva York, líderes comunitarios como Jaqueline Guilamo, Marisol Mateo y Radamés García encabezaron una movilización que denunció las «graves consecuencias ambientales y enfermedades» que la minería ha dejado en el país caribeño. «La distancia no disminuye nuestra responsabilidad ni el amor por la RD», afirmaron, haciendo un llamado a las autoridades para priorizar el desarrollo sostenible sobre los intereses corporativos.
El pulso en San Juan de la Maguana Simultáneamente, en el sur de la República Dominicana, la comunidad sanjuanera reafirmó su postura: «El agua es un bien esencial por encima de cualquier interés minero». El foco de la tensión sigue puesto en el Proyecto Romero, cuya operatividad es rechazada por el temor a la contaminación de la cuenca del río San Juan y la presa de Sabaneta.
Postura del Gobierno y la Empresa
Ante la presión social, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, abogó por un «balance» entre la protección ambiental y el crecimiento económico, subrayando que cualquier decisión debe seguir un orden institucional.
Por otro lado, la empresa GoldQuest ha intentado calmar las aguas anunciando una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) con el apoyo de la consultora internacional AECOM. Según la minera:
Los estudios de impacto ambiental estarían listos entre julio y agosto de 2026.
Aseguran que la mina será subterránea y no afectará las fuentes hídricas.
El proyecto tiene una vida útil estimada de ocho años, procesando 2,800 toneladas diarias para una producción anual de 109,000 onzas de oro.
Pese a estas promesas técnicas, el movimiento social sostiene que el panorama de pobreza en las zonas mineras del país contradice el discurso del progreso, manteniendo firme su compromiso de lucha.
