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WASHINGTON / LA HABANA. – Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba han entrado en una fase de tensión inédita y de consecuencias impredecibles. El Departamento de Justicia estadounidense presentó una acusación criminal formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, acusándolo de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.
La imputación, radicada en el tribunal federal del distrito sur de Florida por el fiscal general en funciones, Todd Blanche, revive el histórico derribo de dos avionetas civiles de la organización de exiliados Hermanos al Rescate en 1996, donde fallecieron cuatro personas. «Raúl Castro comparecerá ante la justicia por su propia voluntad o de otra manera», advirtió Blanche.
El anuncio se produce en un momento de extrema debilidad para la isla y sigue el patrón de la reciente captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.
La estrategia de la Casa Blanca: Presión y «Nueva Vía»
La ofensiva de la administración de Donald Trump no es estrictamente judicial, sino que combina tres frentes simultáneos:
Propuesta política: El secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció una «nueva vía» condicionado a la celebración de elecciones libres, apertura económica y el desmantelamiento del conglomerado militar GAESA. Rubio responsabilizó directamente a la dirigencia cubana de la devastación económica actual (inflación, escasez y apagones de 12 horas).
Asistencia paralela: Washington anunció un fondo de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria (alimentos y medicinas) que se distribuirá exclusivamente a través de la Iglesia Católica y ONGs independientes, puenteando los canales estatales del gobierno cubano.
Demostración de fuerza naval: El Comando Sur desplegó en aguas del Caribe el portaaviones nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque. Aunque se catalogó como un movimiento de rutina, La Habana lo interpreta como una clara advertencia militar.
Reacción en La Habana y respaldo en el exilio
Desde Cuba, el mandatario Miguel Díaz-Canel rechazó enérgicamente la acusación, tildándola de una «operación de propaganda y desestabilización» para forzar un cambio de régimen. Díaz-Canel defendió la actuación de 1996 alegando que las avionetas violaron el espacio aéreo soberano y acusó a EE. UU. de intentar reescribir la historia.
Por otra parte, el sector empresarial del exilio ha cerrado filas con Washington. La influyente familia Fanjul Gómez Mena (principales accionistas de Central Romana) emitió un comunicado respaldando las acciones de Donald Trump. «Un cambio significativo finalmente es posible tras más de seis décadas», afirmaron Alfonso, J. Pepe, Lian, Alex y Andrés Fanjul, celebrando la firmeza de la justicia norteamericana.
