Choque en Los Ángeles, Tropas federales y protestas sacuden barrio latino

Los Ángeles, California-

En un despliegue de fuerza que ha generado preocupación entre líderes comunitarios y defensores de los derechos civiles, la administración Trump ordenó el envío de la Guardia Nacional para disolver una protesta a 30 millas al sur de Downtown Los Ángeles. La manifestación, que se desarrollaba cerca de un Home Depot en una zona predominantemente latina, fue dispersada con gases lacrimógenos y el uso de la fuerza por parte de oficiales federales, incluidos agentes de inmigración. Varios manifestantes fueron arrestados, entre ellos una mujer que fue rociada con gas pimienta mientras intentaba aliviarse con leche. Algunos testigos reportaron que las autoridades bloquearon las salidas del área para impedir que llegaran más personas, y que manifestantes intentaron incendiar contenedores de basura en señal de protesta.

Thomas D. Homan, exdirector de ICE y actual asesor del expresidente Donald Trump en temas fronterizos, confirmó en una entrevista con Fox News que la movilización de la Guardia Nacional fue parte de un plan anticipado por la administración. “Nosotros estábamos listos, estábamos un paso adelante del juego”, declaró Homan, destacando que la presencia militar fue una respuesta organizada para contener los disturbios. Según explicó, la operación incluyó agentes federales, estatales y de inmigración, como parte de una estrategia de “movilización rápida” en zonas sensibles del país.

En medio del caos, uno de los líderes de la protesta gritó ante las cámaras: “¡Nosotros no nos vamos a parar hasta que esto cambie!”, reflejando el sentir de una comunidad harta de la represión. El mensaje se viralizó rápidamente en redes sociales como símbolo de resistencia. En contraste, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue tajante en su advertencia desde su cuenta oficial: “Si tocan a un oficial del orden, serán procesados con todo el peso de la ley.” Su publicación fue interpretada como una amenaza directa a los manifestantes y ha sido criticada por organizaciones civiles, que consideran que el gobierno está criminalizando la protesta pacífica.