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El director de Persecución, Wilson Camacho, advirtió en Santiago que la acusación definitiva aún no se ha presentado y defendió la necesidad de aplicar «mano inteligente» contra la delincuencia.
SANTIAGO.— Las pesquisas en torno a la denominada Operación Onco14 no se han detenido. El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que el proceso de investigación sigue en curso y que es altamente probable que se generen nuevas acciones e imputaciones antes de depositar la acusación formal ante los tribunales.
El caso indaga una presunta red de irregularidades en la gestión de fondos públicos destinados al Instituto Oncológico Regional del Cibao y recursos transferidos por el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para la atención de pacientes de alta complejidad.
Camino a la acusación formal
Hasta el momento, por este expediente han sido procesados Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez. El proceso fue declarado judicialmente complejo y sobre los involucrados pesan distintas medidas de coerción.
A pesar de confirmar el avance de las pesquisas, Camacho no adelantó nombres ni estableció un plazo fijo para la presentación del expediente definitivo, señalando que los fiscales recopilan todos los elementos de prueba necesarios para determinar las responsabilidades penales de quienes hayan participado en la red.
Apuesta por una «mano inteligente» en la justicia
Las declaraciones del funcionario se produjeron tras su participación en un foro académico en Santiago sobre el expansionismo del derecho penal y el marco regulatorio de la Ley núm. 74-25.
Durante su intervención, Camacho reflexionó sobre el rol de la justicia y los límites de la persecución:
Efecto disuasivo real: Sostuvo que el aumento de las penas no garantiza por sí solo la reducción de la criminalidad, indicando que a los delincuentes les disuade más la certeza de ser identificados, apresados y procesados que el nivel de sanción fijado en abstracto por la ley.
Persecución estratégica: Abogó por implementar políticas de «mano inteligente» en la labor investigativa, articulando respuestas más eficaces y precisas frente a las demandas de seguridad de la sociedad.
