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Allenwood, Pensilvania — El exsenador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, fue trasladado esta semana a una prisión de mínima seguridad en el norte de Pensilvania, luego de haber comenzado a cumplir una condena de 11 años por cargos de corrupción y soborno.
Según confirmaron fuentes del sistema penitenciario federal, Menéndez, de 71 años, fue reubicado en el Low Security Correctional Institution (LSCI) Allenwood, ubicado a unas 75 millas de Harrisburg, después de haber pasado sus primeras semanas en el centro penitenciario de mediana seguridad FCI Schuylkill.
El traslado se realizó el pasado 1 de julio y forma parte de un procedimiento común para reclusos condenados por delitos no violentos, como los cometidos por el exlegislador. En su nuevo centro, Menéndez tendrá acceso a programas educativos y laborales, con un régimen menos estricto y con mayor flexibilidad para visitas familiares y asesoría legal.
Condena histórica
Menéndez fue declarado culpable el pasado mes de junio de recibir sobornos a cambio de favores políticos, entre ellos intervenir a favor de intereses egipcios mientras presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Entre las pruebas presentadas en su contra, se encontraron lingotes de oro, sobres con dinero en efectivo y un vehículo de lujo que, según la fiscalía, fueron entregados como parte del esquema de corrupción.
Este escándalo marcó el fin de una carrera política de décadas, en la que Menéndez fue considerado uno de los latinos más influyentes en el Congreso de los Estados Unidos. Tras el veredicto, fue sentenciado a 11 años de prisión federal, una de las penas más severas impuestas a un exsenador en la historia reciente del país.
Apelación en proceso
Los abogados del exsenador han indicado que planean apelar la sentencia, argumentando supuestos errores procesales durante el juicio. Mientras tanto, Menéndez permanecerá en Allenwood, donde podrá preparar su defensa desde un entorno carcelario más flexible que el anterior.
El caso de Bob Menéndez ha provocado una fuerte reacción tanto en el ámbito político como en la opinión pública, reavivando el debate sobre la ética en el Congreso y los controles institucionales para prevenir la corrupción entre altos funcionarios.
