TV ONLINE
WASHINGTON. – La Corte Suprema de los Estados Unidos se convirtió en el escenario de un intenso debate jurídico y político en torno a las reclamaciones millonarias por el uso de propiedades expropiadas en Cuba, reviviendo las tensiones históricas del embargo económico que Washington mantiene sobre la isla desde 1962.
El máximo tribunal examina las demandas interpuestas por la empresa estadounidense Havana Docks, la cual exige indemnizaciones a varias corporaciones de cruceros por haber utilizado los muelles de La Habana entre los años 2016 y 2019. El caso ha generado una profunda división de opiniones entre los magistrados de la corte.
Posturas divididas: ¿Derecho permanente o concesión vencida?
El debate principal radica en la naturaleza de los derechos que poseía la compañía antes de que el régimen de Fidel Castro confiscara sus instalaciones portuarias.
La defensa de la propiedad (Voto disidente): El magistrado conservador Clarence Thomas defendió la legitimidad de la demanda. “Havana Docks ha demostrado que las líneas de cruceros utilizaron propiedades confiscadas en las que tenía un interés de propiedad y sobre las cuales posee una reclamación”, afirmó Thomas, advirtiendo que cualquiera que explote bienes expropiados en el pasado debe responder ante los ciudadanos estadounidenses con derechos sobre ellos.
El argumento de la temporalidad (Voto mayoritario): En contraste, la jueza de tendencia progresista Elena Kagan discrepó firmemente de esa postura, señalando que los muelles operaban bajo una concesión de 99 años que expiró contractualmente en el año 2004. “Lo que poseía Havana Docks era solo un derecho temporal que expiró más de una década antes de que las líneas de cruceros llegaran a utilizar los muelles”, argumentó Kagan para justificar por qué la firma no califica para una compensación.
El vaivén político entre Obama y Trump
El origen de este multimillonario litigio comercial se remonta al período de flexibilización del embargo impulsado por el expresidente Barack Obama, bajo cuyo mandato se autorizó temporalmente a los cruceros estadounidenses a hacer escala en la capital cubana.
Posteriormente, esta política de apertura fue revertida por el presidente Donald Trump, quien restableció las restricciones de viaje a la isla. El fallo definitivo de este caso establecerá un precedente crítico sobre el alcance de la Ley Helms-Burton y la responsabilidad civil de las empresas internacionales que realizan negocios en antiguos territorios expropiados por revoluciones extranjeras.
