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Nueva York – La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se encuentra en el centro de una intensa controversia tras presentar una propuesta que busca redefinir la relación entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aunque el plan incluye nuevas protecciones, un punto específico ha desatado la furia de los grupos defensores de inmigrantes: la autorización para que los oficiales cooperen con agentes federales si existe una «causa probable» de delito.
El equilibrio de la gobernadora Durante una reunión con legisladores estatales este jueves, Hochul defendió su postura argumentando que los policías locales deben centrarse en combatir delitos graves y perseguir a criminales violentos en lugar de realizar labores migratorias administrativas.
Su propuesta prohíbe explícitamente a ICE realizar redadas en «lugares sensibles» como escuelas e iglesias, y veta el uso de cárceles locales para detenciones migratorias. Sin embargo, el permiso para colaborar en casos de delitos mayores es visto por sus críticos como una «puerta trasera» peligrosa.
La «causa probable»: ¿Una herramienta de prejuicio? Organizaciones como Immigrant Defense y Se Hace Camino Nueva York han calificado el criterio de «causa probable» como un retroceso alarmante. Argumentan que este concepto es subjetivo y podría ser utilizado de manera arbitraria por agentes con prejuicios discriminatorios.
«La ‘causa probable’ no es más que un capricho arbitrario en el momento inicial de la detención. Legislar esto equivale a incentivar la colusión bajo cualquier pretexto», denunció Yasmine Farhang, directora de Immigrant Defense.
Presión legislativa La propuesta de Hochul llega en un momento crítico, mientras se negocia un presupuesto estatal retrasado. Por su parte, legisladores de la línea más progresista instan a la gobernadora a abandonar su plan y adoptar, en cambio, la ley «Nueva York para Todos», impulsada por el senador Andrew Gounardes, la cual establece un muro de separación mucho más estricto entre las fuerzas del orden locales y las autoridades de inmigración.
Mientras el debate continúa en Albany, la comunidad inmigrante teme que esta disposición mine la confianza en la policía local, alejando a las víctimas y testigos de delitos por miedo a una posible deportación bajo el manto de la «causa probable».
