Santo Domingo. – La Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) expresó su firme preocupación ante la propuesta gubernamental de aplicar un cargo adicional de 10 dólares a los boletos aéreos. Según el gremio, esta medida, planteada para mitigar el impacto económico internacional, podría restar atractivo al país frente a otros destinos competidores.
El presidente de la asociación, Omar Chahín, reconoció la necesidad de medidas para preservar la estabilidad macroeconómica ante el alza en los precios del petróleo y los costos de transporte. No obstante, subrayó que cualquier incremento en los costos de los pasajes debe analizarse bajo una lupa técnica, dada su repercusión directa en la conectividad aérea, el turismo y la inversión extranjera.
Un sector ya cargado de impuestos
ADLA recordó que el ticket aéreo en la República Dominicana ya no soporta una carga impositiva y operativa elevada. Añadir un nuevo gravamen podría:
Reducir la competitividad: El país compite con otros destinos del Caribe y Centroamérica; un aumento en el precio final desincentiva la llegada de turistas.
Afectar la cadena de valor: El impacto no se limita a las aerolíneas, sino que alcanza al comercio, al sector turístico y a la diáspora dominicana que viaja constantemente al país.
Limitar el crecimiento: Dificulta el objetivo nacional de consolidar a la República Dominicana como un hub o centro regional de conexiones aéreas.
Apuesta al diálogo y soluciones técnicas
Lejos de cerrar las puertas, ADLA reiteró su disposición para participar en una mesa técnica junto al Gobierno, autoridades aeronáuticas y el sector turístico. El objetivo es buscar alternativas fiscales que cumplan con las metas del Estado sin comprometer el desarrollo de la aviación comercial.
Entre las sugerencias presentadas por el gremio, destaca una revisión integral de la estructura de costos actuales, incluyendo el combustible de aviación y las tasas aeroportuarias, para hacer más eficiente y competitivo el mercado aéreo dominicano.
«Creemos que existen espacios para el diálogo y la construcción de soluciones conjuntas que permitan proteger las finanzas públicas sin afectar el desarrollo de la aviación», señaló Chahín.