SANTO DOMINGO.– El reloj procesal entra en su recta final para el Ministerio Público en el expediente seguido contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve imputados, ya que a mediados de diciembre vence la prórroga de cuatro meses otorgada por los tribunales para depositar la acusación formal por un presunto desfalco de casi 16,000 millones de pesos contra la aseguradora estatal.
Tras el arresto del primer grupo en diciembre de 2025 y la imposición de medidas de coerción el día 14 de ese mes, el juez de Atención Permanente concedió inicialmente ocho meses para la investigación preparatoria, plazo que luego fue extendido por cuatro meses adicionales a solicitud de los fiscales.
De acuerdo con la normativa procesal penal dominicana, de agotarse este término sin que la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) presente su acto conclusivo, el tribunal deberá intimar al órgano acusador otorgándole un plazo fatal de 15 días adicionales. Si persiste el incumplimiento tras esa intimación, el juez estaría obligado a dictar el archivo definitivo del expediente, una dinámica procesal que ya se ha observado en otros procesos complejos como los casos Antipulpo y Medusa.
Los señalamientos y el esquema de sobornos
En el expediente principal, junto a Hazim figuran los también exfuncionarios del Senasa Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez. La Pepca los acusa de estructurar “programas especiales sin el debido sustento técnico ni financiero” para captar sobornos de hasta un 30 % por parte de empresas suplidoras que, según la imputación, incumplían sus compromisos contractuales.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que se sometió a afiliados a procedimientos médicos de alto riesgo e innecesarios, además de provocar una “privatización fraudulenta de los servicios de Atención Primaria de Salud” que golpeó los presupuestos de los hospitales públicos. En el entramado empresarial también figuran Eduardo Read Estrella, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Cinty Acosta Sención y Ramón Alan Speakler Mateo, así como el empresario Jhonny Morales, señalado de recibir 95 millones de pesos para gestionar contratos en favor de Acosta.
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Otras ramificaciones de las pesquisas en el Senasa
Paralelamente a este proceso inicial, las autoridades han abierto otros frentes judiciales contra redes vinculadas a irregularidades en la ARS estatal:
Operación Onco14: Investiga un presunto desvío de RD$148.6 millones (entre 2018 y 2025) desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), con una afectación global estimada en 3,700 millones de pesos. En esta fase fueron sometidos Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Red de autorizaciones ficticias: Un tercer expediente involucra a 26 personas incluidos 22 médicos, presuntamente lideradas por el exempleado del Senasa Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quienes se les atribuye emitir 4,363 autorizaciones para consultas y procedimientos médicos inexistentes por un monto superior a los RD$41.1 millones entre 2021 y 2025.
