SANTO DOMINGO. — El Tribunal Constitucional (TC) emitió una durísima amonestación contra la Policía Nacional tras calificar de «reticente» su conducta ante los mandatos judiciales firmes, ordenándole liquidar más de 1.1 millones de pesos a favor de un oficial reinstalado por concepto de penalización por mora acumulada (astreinte).
A través de la sentencia TC/0986/26, la alta corte determinó que la institución del orden incumplió parcialmente el fallo TC/0425/24. Aunque la Policía procedió a reintegrar al excapitán Willis Darío Salazar Jiménez en mayo de 2025, omitió realizar el pago retroactivo de los sueldos dejados de percibir y de sus prestaciones laborales, sin presentar justificantes ni escritos de defensa en el proceso.
La penalidad económica fue fijada en dos mil pesos diarios como mecanismo de coerción para forzar el cumplimiento íntegro del dictamen.
Suma liquidada: Un millón ciento cuatro mil pesos (RD$1,104,000), correspondientes a 552 días contabilizados desde la notificación inicial en octubre de 2024 hasta la solicitud de ejecución en abril de 2026.
Mora continua: La alta corte advirtió que la penalización diaria continuará sumándose al saldo pendiente hasta que la Policía liquide la totalidad de los salarios atrasados reclamados por el afectado.
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El órgano de control constitucional enfatizó que la renuencia a ejecutar fallos vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y atenta contra la seguridad jurídica del Estado de derecho.
Este nuevo reproche se suma a un expediente de desacatos frecuentes. Informes del propio tribunal sitúan a la Policía Nacional y a los cuerpos castrenses como las entidades públicas con mayor tasa de resistencia al cumplimiento de ejecutorias, obligando de forma sistemática a los ciudadanos favorecidos a reabrir procesos de liquidación para exigir sus derechos.
