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SANTO DOMINGO.— El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, solicitó formalmente que el proceso investigativo relacionado al denominado caso Senasa 2.0 no se limite a los actores secundarios, sino que profundice hasta identificar a los verdaderos organizadores, ejecutores y beneficiarios financieros del presunto entramado de corrupción.
“Esto es ravisa; el pueblo quiere los pejes gordos. Hay que seguir la ruta del dinero y esclarecer quiénes decidieron, autorizaron y se beneficiaron”, aseveró Ulloa, al tiempo que enfatizó que la justicia no debe otorgar blindaje ni protección por razones de cargo, poder económico o vínculos personales.
El titular del órgano constitucional recordó que, en apego al artículo 69 de la Carta Magna, el Estado está obligado a respetar las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia desde las fases preliminares de la investigación.
Medidas de coerción y continuidad de servicios
En cuanto a las medidas cautelares, Ulloa señaló que la prisión preventiva es una figura de carácter excepcional y que su aplicación no debe utilizarse como una pena anticipada. Indicó que los jueces deben ponderar alternativas como la presentación periódica o el impedimento de salida si estas garantizan la presencia de los imputados en el proceso.
Finalmente, el Defensor del Pueblo hizo un llamado de alerta al Ministerio Público para que priorice la recuperación de los activos sustraídos, al tiempo que instó a las autoridades a garantizar que el proceso judicial no interrumpa la atención médica de los afiliados a la ARS estatal.
“Detrás de los recursos de la salud hay una persona esperando una consulta, un medicamento o un tratamiento. El país merece conocer la verdad, recuperar su dinero y obtener justicia”, puntualizó.
