El Instituto Policial de Educación Superior (IPES) realizó un panel formativo con jueces y fiscales del Ministerio Público para analizar temas clave como el procedimiento de arresto, la legítima defensa y los delitos cibernéticos.

SANTO DOMINGO. – Miembros de las áreas investigativa y preventiva de la Policía Nacional participaron en el panel “Incidencia del Nuevo Código Penal en la Función Policial”, celebrado en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES) con el objetivo de analizar los cambios introducidos por la Ley núm. 74-25.

La actividad académica, organizada con el respaldo del Ministerio Público, buscó dotar a los agentes de herramientas jurídicas actualizadas para garantizar que los procedimientos de arresto, el uso de la fuerza, la cadena de custodia y la protección a víctimas se ejecuten en apego a las leyes y los derechos fundamentales.


El evento estuvo encabezado por las autoridades del IPES: el rector, general Juan Hilario Guzmán Badía; la vicerrectora académica, coronel Aida María Valdez Liranzo; la vicerrectora de Investigación, Extensión y Postgrado, Fanny Torres Rosario; y el director de la Escuela de Altos Estudios Policiales, coronel Erogue Rosario Fortuna.

Durante sus palabras de apertura, el general Guzmán Badía subrayó la necesidad de una preparación continua dentro del cuerpo del orden: “El conocimiento de las normas jurídicas constituye una condición fundamental para garantizar que nuestras actuaciones se desarrollen dentro del marco de la Constitución y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales”.

El panel contó con la participación de destacados juristas, entre ellos los jueces Amauri Marcos Martínez Abreu y Suinda Jazmín Brito Hernández, junto a las fiscales Margaret Stephany Cabrera Morillo, Elizabeth Tucent Hiraldo, Liyanny del Orbe María y Asdriynes Bruno Tejada. La moderación estuvo a cargo de la magistrada Santa Matilde Reyes Valenzuela.
A lo largo de la jornada, que incluyó presentaciones audiovisuales y un espacio interactivo de preguntas y respuestas, se debatieron aspectos operativos como la función del primer respondiente, el llenado correcto de actas y las pautas para la investigación de robos, homicidios, violencia de género y cibercrímenes.