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Cuestionan demolición de villa en río Maimón por violar margen de 30 metros; UASD pide aplicar ley sin privilegios
Un conflicto legal y ambiental se desató en la comunidad de Juan Adrián, provincia Monseñor Nouel, tras la demolición total de una edificación de dos niveles construida en la franja protegida del río Maimón. Mientras el propietario acusa a las autoridades de actuar de forma arbitraria e impulsada por intereses particulares, el Ministerio de Medio Ambiente sostiene que la obra acumulaba múltiples órdenes de paralización desobedecidas.
El dueño de la propiedad, Nelson Batista Ángeles, denunció que la intervención le generó pérdidas superiores a los 10 millones de pesos. Batista admitió que partes de la terraza se encontraban a 27 y 29 metros del afluente por debajo de los 30 metros que exige la Ley 64-00, pero argumentó que la ligera variación no justificaba el derribo completo de la villa. Asimismo, sostuvo que contaba con permisos municipales y un Certificado de Registro de Impacto Mínimo expedido por el propio ministerio.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente aclaró que dicha autorización solo cubría tareas de limpieza y nivelación del suelo, mas no el levantamiento de infraestructuras. Tras realizar inspecciones técnicas, la entidad confirmó que la obra penetraba la franja de protección fluvial y que los trabajos continuaron ilegalmente a pesar de haber recibido notificaciones de paralización desde agosto de 2025. El operativo de demolición fue ejecutado por la Dirección de Fiscalización Ambiental con apoyo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa).
Llamado a una fiscalización sin excepciones
El caso generó la reacción de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD), la cual respaldó la demolición por tratarse de una violación a las leyes ambientales, aunque instó al Gobierno a no limitar estas acciones a hechos aislados.
La entidad académica enfatizó que la fiscalización de los recursos naturales debe aplicarse de manera uniforme y drástica ante cualquier infractor, «sin privilegios ni selectividad». Además, la CAUASD solicitó que este tipo de intervenciones incluyan la evaluación de daños, procesos de restauración ecológica y el sometimiento judicial o administrativo correspondiente de los responsables.
Cuerpo de la noticia:
Un conflicto legal y ambiental se desató en la comunidad de Juan Adrián, provincia Monseñor Nouel, tras la demolición total de una edificación de dos niveles construida en la franja protegida del río Maimón. Mientras el propietario acusa a las autoridades de actuar de forma arbitraria e impulsada por intereses particulares, el Ministerio de Medio Ambiente sostiene que la obra acumulaba múltiples órdenes de paralización desobedecidas.
El dueño de la propiedad, Nelson Batista Ángeles, denunció que la intervención le generó pérdidas superiores a los 10 millones de pesos. Batista admitió que partes de la terraza se encontraban a 27 y 29 metros del afluente por debajo de los 30 metros que exige la Ley 64-00, pero argumentó que la ligera variación no justificaba el derribo completo de la villa. Asimismo, sostuvo que contaba con permisos municipales y un Certificado de Registro de Impacto Mínimo expedido por el propio ministerio.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente aclaró que dicha autorización solo cubría tareas de limpieza y nivelación del suelo, mas no el levantamiento de infraestructuras. Tras realizar inspecciones técnicas, la entidad confirmó que la obra penetraba la franja de protección fluvial y que los trabajos continuaron ilegalmente a pesar de haber recibido notificaciones de paralización desde agosto de 2025. El operativo de demolición fue ejecutado por la Dirección de Fiscalización Ambiental con apoyo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa).
Llamado a una fiscalización sin excepciones
El caso generó la reacción de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD), la cual respaldó la demolición por tratarse de una violación a las leyes ambientales, aunque instó al Gobierno a no limitar estas acciones a hechos aislados.
La entidad académica enfatizó que la fiscalización de los recursos naturales debe aplicarse de manera uniforme y drástica ante cualquier infractor, «sin privilegios ni selectividad». Además, la CAUASD solicitó que este tipo de intervenciones incluyan la evaluación de daños, procesos de restauración ecológica y el sometimiento judicial o administrativo correspondiente de los responsables.
