Auditorías revelan descontrol presupuestario e inconsistencias millonarias en el Ministerio de Agricultura

Janet Báez
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SANTO DOMINGO. — Una severa brecha entre lo planificado y lo gastado ha quedado al descubierto en el Ministerio de Agricultura. De acuerdo con auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR), la institución ejecutó entre 2021 y 2023 un presupuesto de RD$76,517.4 millones, cifra que supera en siete veces el monto estipulado en su Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), el cual era de solo RD$11,297.2 millones.

    La investigación del órgano de control interno abarcó la gestión institucional desde 2020 hasta 2024, periodo en el que el presupuesto total asignado alcanzó los RD$118,459 millones. Las auditorías señalan que estas marcadas discrepancias —con una diferencia superior a los RD$65,000 millones entre lo previsto y lo desembolsado— revelan fallas críticas de planificación, además de exponer a la institución a operaciones fuera de los marcos legales establecidos.

    El informe resalta que ni el Plan Operativo Anual (POA) ni los planes de compras contaban con la firma de aprobación de la máxima autoridad de la entidad, violando el artículo 26 de la Ley 10-17 de la Contraloría.

    Desembolsos sin sustento e irregularidades en convenios

    Las anomalías no se limitaron a las proyecciones presupuestarias. En la revisión de una muestra de 23 convenios institucionales de un total de 70 firmados entre septiembre de 2020 y diciembre de 2023 los auditores hallaron graves faltas documentales.

    Se detectaron expedientes que carecían de soportes justificativos para los pagos, presupuestos detallados desglosados y expedientes sin el sello de revisión de la Unidad de Auditoría Interna (UAI). Esta situación, advirtió la Contraloría, genera un elevado riesgo de erogaciones no justificadas y encarecimiento de los procesos financieros.

    Las fallas se mantuvieron durante el 2024. De 83 expedientes de compras examinados en ese periodo (correspondientes a un monto de RD$978.3 millones), el 92.8 % (77 expedientes) carecía de documentos esenciales como solicitudes firmadas, cotizaciones, contratos, facturas originales o actas del Comité de Compras.

    Recomendaciones y silencio institucional

    Ante las 56 inobservancias detectadas en total, la Contraloría instó a la Dirección de Planificación y Desarrollo de Agricultura a coordinar y alinear de forma estricta los planes operativos con el presupuesto antes de su aprobación, así como a reforzar la fiscalización e instrucción sobre el manejo de fondos en convenios.

    El órgano fiscalizador remitió formalmente las notificaciones de los hallazgos tanto a la gestión saliente de Limber Cruz como al actual ministro, Oliverio Espaillat, otorgando los plazos legales para la entrega de réplicas. Tras cumplirse dicho período sin correcciones depositadas, los informes adquirieron carácter definitivo, sin que hasta el momento las autoridades del sector agrícola ni la Contraloría hayan ofrecido declaraciones públicas sobre el expediente.

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