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SANTO DOMINGO. — Pese a las normativas vigentes y los llamados de advertencia institucional, más de 1,300 servidores públicos en la República Dominicana incumplen con la entrega de su declaración jurada de patrimonio, una obligación legal dispuesta para transparentar los bienes al ingresar y salir de la administración estatal.
De acuerdo con el más reciente balance de la Cámara de Cuentas al corte del 30 de junio, la cifra de omisos asciende a 1,337 funcionarios y exfuncionarios. El mayor volumen de incumplimiento se concentra en la municipalidad, seguido de retardos registrados en dependencias del Poder Ejecutivo y otras ramas del Estado.
Desglose de los sectores omisos
El informe del órgano fiscalizador evidencia que la falta de reporte patrimonial no es un hecho aislado, sino una constante que afecta a diversos estamentos institucionales:
Gobiernos locales (Ayuntamientos y Juntas Distritales): Registran el mayor rezago con 1,070 autoridades en falta, entre las que se figuran alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores y vocales.
Poder Ejecutivo: Acumula 222 funcionarios que no han completado el trámite.
Otras instancias: Incluye faltas menores en el Poder Judicial, el Ministerio Público y legisladores.
Dato clave: La normativa contempla que el reporte debe ser depositado dentro de un plazo máximo de 30 días tras asumir o cesar en un cargo. En la lista actual figuran exservidores públicos que abandonaron sus puestos desde 2023 sin rendir cuentas de su patrimonio.
Facilidades operativas y sanciones pendientes
Desde la Cámara de Cuentas se ha señalado que se implementaron diversas medidas para reducir la brecha de omisos, tales como operativos presenciales en provincias, la habilitación de una aplicación móvil y la simplificación del formulario oficial (reduciendo los campos requeridos de 450 a poco más de 220).
Aunque estas acciones permitieron la regularización de casi 1,800 servidores públicos en meses recientes, cerca del 80% de las omisiones actuales se concentran en las juntas distritales y comunidades apartadas.
A pesar de que la Ley 311-14 faculta a las autoridades a solicitar la retención de salarios como medida disciplinaria contra los incumplidores, el abultado número de funcionarios omisos refleja la necesidad de aplicar mecanismos de control más rigurosos.
