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La alta corte determinó que el retraso en la juramentación vulneró derechos fundamentales como el trabajo y la educación. El ministerio enfrentará una multa de RD$ 5,000 diarios por cada día de retraso.
Santo Domingo. – En un fallo de alto impacto jurídico, el Tribunal Constitucional (TC) dictó un ultimátum al Ministerio de Interior y Policía, ordenándole concluir en un plazo improrrogable de 10 días hábiles el proceso de naturalización de 16 ciudadanos de origen haitiano. Estos habían sido beneficiados previamente con decretos presidenciales en el marco del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, pero sus expedientes permanecían congelados en la burocracia estatal.
Mediante la sentencia TC/0473/26, dictada el 30 de junio de 2026, el tribunal revocó una decisión previa del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que había engavetado el reclamo. La alta corte determinó de forma unánime que la omisión de las autoridades vulneró directamente derechos fundamentales de los afectados, tales como el libre tránsito, el acceso al trabajo, la educación y la seguridad social, al dejarlos en un limbo documental que les impedía obtener su cédula de identidad dominicana.
Decretos firmados por dos Gobiernos
Los 16 accionantes forman parte de un colectivo amparado por la Ley 169-14, la cual creó un régimen especial de naturalización para hijos de extranjeros nacidos en el país inscritos irregularmente en el Registro Civil. Sus derechos a la ciudadanía dominicana fueron reconocidos de manera oficial a través de dos mandatos ejecutivos distintos:
El Decreto 262-20, emitido por el entonces presidente Danilo Medina en julio de 2020 (que incluyó a 750 personas).
El Decreto 297-21, firmado por el presidente Luis Abinader en abril de 2021 (que benefició a otras 50).
A pesar de contar con las firmas presidenciales desde hace años, los afectados denunciaron que Interior y Policía mantenía paralizado el último paso indispensable: el acto formal de juramentación. Antes de recurrir a la justicia, el grupo había intimado formalmente al Palacio Nacional, al Ministerio de Interior y Policía y a la Dirección General de Migración, sin recibir respuesta alguna.
Rechazo a los alegatos del Ministerio
Durante el litigio, la defensa del Ministerio de Interior y Policía argumentó que el proceso no había culminado porque los solicitantes supuestamente no habían comparecido en persona a completar el registro biométrico y la captura de huellas dactilares.
Sin embargo, los magistrados del TC desestimaron este argumento de plano. El tribunal recordó que la Ley 1683 sobre Naturalización es tajante: una vez publicado un decreto, el ministro tiene la obligación legal automática de proceder a la juramentación y entregar el certificado correspondiente. Los jueces señalaron además que la institución gubernamental nunca presentó pruebas que justificaran el retraso crónico de los expedientes.
Una vía correcta y una sanción económica
Al corregir al TSA, el Tribunal Constitucional aclaró que la acción de amparo era la única vía rápida y efectiva para defender a los ciudadanos ante la inacción de la administración pública.
Para garantizar el cumplimiento estricto de la sentencia, el TC fijó una astreinte (multa condenatoria) de 5,000 pesos dominicanos por cada día de retraso, la cual empezará a correr una vez venza el plazo de 10 días tras la notificación oficial al Ministerio de Interior y Policía. Cabe destacar que este dictamen beneficia exclusivamente a los 16 firmantes del recurso, dejando en la incertidumbre si otros cientos de beneficiarios de los mismos decretos sufren el mismo letargo institucional.
