Un castigo humillante: Fuerza del Pueblo denuncia que ley de residuos sólidos busca recaudar hasta RD$9,000 millones

Janet Báez
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El diputado Alcibíades Tavárez acusa al Gobierno de mantener una “voracidad recaudadora” y dar un nuevo golpe al bolsillo de los dominicanos.

Santo Domingo. – El debate por la modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos ha encendido las alarmas en el Congreso Nacional. El diputado Alcibíades Tavárez, representante de la Fuerza del Pueblo (FP), arremetió con dureza contra la iniciativa oficialista, asegurando que el verdadero trasfondo del proyecto no es el saneamiento ambiental, sino una estrategia para extraer entre RD$8,000 y RD$9,000 millones de los ciudadanos.

Durante su intervención en la Cámara de Diputados, Tavárez calificó la propuesta como un nuevo «golpe al bolsillo» de la población y acusó directamente al Poder Ejecutivo de exhibir una constante “voracidad recaudadora”.

Una reforma maquillada, según la oposición

Para el legislador de la organización liderada por Leonel Fernández, la urgencia y celeridad con la que el bloque oficialista busca sancionar el proyecto deja en evidencia que la prioridad del Estado es aumentar sus ingresos fiscales por encima de la gestión ecológica.

A pesar de que el texto original recibió enmiendas recientes, el congresista opositor insistió en que el impacto de la ley sigue siendo lesivo para la economía familiar dominicana.

“Se suaviza un poco, pero no deja de ser un castigo prácticamente humillante para el pueblo dominicano”, aseveró Tavárez, criticando la acumulación de medidas impositivas en el corto plazo.

Advertencia electoral

El diputado consideró «inexplicable e insólito» que el Poder Legislativo continúe conociendo de forma consecutiva normativas cuya finalidad expresa, según sus palabras, es reducir el poder adquisitivo de la gente.

Al finalizar su ponencia, el representante de la Fuerza del Pueblo lanzó una advertencia política al partido de Gobierno, señalando que la imposición de nuevas cargas económicas a la ciudadanía se traducirá en un costo político inevitable que terminará pasándoles factura en los próximos procesos electorales.

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