Rusia no cede en su guerra contra Telegram: Impone una nueva multa y eleva la presión sobre Pável Dúrov

Moscú. — El pulso entre el Kremlin y las plataformas digitales independientes suma un nuevo capítulo. El Tribunal del Distrito Taganski de Moscú impuso este lunes una nueva multa de 3.5 millones de rublos (aproximadamente 45,000 dólares) a la aplicación de mensajería Telegram, tras declararla culpable de negarse a monitorear y eliminar contenidos catalogados como ilegales por la estricta legislación rusa.

Esta sanción no es un hecho aislado. A principios de este mes, la misma corte ya había multado a la plataforma con 10 millones de rublos (unos 140,000 dólares). En el último año, el monto total acumulado por penalizaciones contra la aplicación supera los 100 millones de rublos (cerca de 1.4 millones de dólares), reflejando una campaña sistemática de asfixia financiera contra la tecnológica.

Censura y resistencia digital Ante la embestida judicial y la apertura de una causa penal en su contra, el fundador y dueño de Telegram, Pável Dúrov, ha alzado la voz denunciando abiertamente que las acciones del Gobierno ruso constituyen una violación flagrante a la libertad de expresión y una campaña de censura desmedida.

El trasfondo: El bloqueo de las VPN y el control de los usuarios

Aunque Telegram se encuentra oficialmente bloqueada en Rusia, el regulador estatal de comunicaciones, Roscomnadzor, admitió que la plataforma sigue operativa y evadiendo las restricciones. Las autoridades exigen la eliminación inmediata de más de 35,000 contenidos prohibidos, que van desde pornografía ilegal hasta y de forma muy relevante 35,500 materiales vinculados al uso de redes VPN, herramientas esenciales que los ciudadanos rusos utilizan para burlar el veto informativo y acceder a sitios web restringidos.

Especialistas en tecnología señalan que lograr un bloqueo absoluto de Telegram es técnicamente improbable, un fracaso que el propio Gobierno ruso ya experimentó en el pasado. No obstante, advierten que el estrangulamiento constante y el deliberado mal funcionamiento de la aplicación forman parte de una estrategia de desgaste para forzar a la masa de usuarios (que llegó a rozar los 100 millones en el país) a migrar hacia plataformas controladas y promovidas por el Estado.