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El Tribunal Constitucional rechazó un recurso de Bienes Nacionales, agotando la vía legal para los herederos de la propietaria original de una parte del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
A más de seis décadas de haber sido declarados de utilidad pública, los terrenos que hoy forman parte del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte continúan representando una millonaria carga financiera para el Estado dominicano. El Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso de revisión sometido por la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN), dejando en firme una condena que obliga al Estado al pago de RD$340.7 millones a favor de los sucesores de la propietaria original.
Con esta sentencia, la alta corte cierra de manera definitiva el conflicto legal y valida la indemnización por justiprecio que previamente había dictaminado el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Una deuda histórica que inició en el Triunvirato
El origen de este costoso litigio se remonta al 17 de diciembre de 1964, bajo el gobierno del Triunvirato presidido por Donald Reid Cabral. Mediante el Decreto 1886, se expropió una parcela de 15,472.87 metros cuadrados a la señora Nelly Elidia Pellerano de Ricart. El objetivo original era construir el Parque Central Metropolitano en el antiguo aeropuerto General Andrews, espacio que posteriormente se transformó en el principal complejo deportivo del país.
Aunque en marzo de 1993 el Estado dominicano intentó saldar la deuda entregando un apartamento como permuta, el propio contrato reconoció que quedaba un balance pendiente supeditado a la «disponibilidad presupuestaria». Tres décadas después del acuerdo, y al no recibir el pago pendiente, los herederos iniciaron una batalla judicial en 2021.
La batalla de los avalúos y el fallo definitivo
La disputa en los tribunales se centró en la enorme disparidad en la valoración del suelo:
La tasación privada de los demandantes ascendía a RD$672 millones.
Catastro Nacional valoraba el terreno en apenas RD$9.2 millones.
En noviembre de 2022, el TSA calculó el equilibrio justo en RD$340,736,293.72, deduciendo el valor del inmueble entregado en los años noventa. Tras un intento fallido de apelación ante la Suprema Corte de Justicia que fue desestimado por presentarse fuera de plazo, Bienes Nacionales recurrió al TC alegando fallas técnicas en los montos y vulneración al derecho de defensa. Sin embargo, el Constitucional dictaminó que la Suprema actuó conforme a la ley y que la revisión constitucional no existe para revaluar pruebas de tribunales ordinarios.
Este no es un caso aislado. El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que actualmente se encuentra en remodelación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, arrastra un historial de fallos similares. En 2023, el Estado también fue condenado a pagar RD$472.8 millones al empresario José Ramón Borrell por terrenos dentro del Estadio Olímpico Félix Sánchez, evidenciando el alto costo a largo plazo de las expropiaciones históricas sin saldar.
