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SANTO DOMINGO.– El futuro de la cesantía laboral en la República Dominicana podría tomar un rumbo distinto al esperado por los sectores empresariales. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, planteó formalmente que la discusión sobre esta compensación económica sea excluida del actual proyecto de reforma al Código de Trabajo y se traslade a una futura modificación de la Ley de Seguridad Social.
Según consta en el acta de la sesión del pasado 19 de mayo de la comisión que estudia la pieza legislativa, Pacheco defendió la necesidad de agilizar la aprobación de la reforma laboral manteniendo intactos los derechos adquiridos vigentes. «La cesantía no se debe discutir en esta ley (reforma laboral), la cesantía es un tema de la próxima ley de seguridad social… Por ahí es que eso cabe», argumentó el legislador durante el encuentro de trabajo.
Con esta postura, el presidente de la cámara baja busca «preservar la estabilidad» y el clima de crecimiento económico que ha mantenido el país bajo la normativa laboral actual, promulgada en 1992. El legislador recordó que, a pesar de la antigüedad del código vigente, tanto empleadores como trabajadores han logrado mejorar sus condiciones a lo largo de las últimas décadas.
El dilema de la reforma y las presiones empresariales
La cesantía, que consiste en la indemnización económica que recibe un trabajador al ser despedido, se ha mantenido como el principal punto de fricción entre los gremios empresariales quienes buscan modificar su estructura y los sectores sindicales y el Poder Ejecutivo, que abogan por dejarla sin variaciones.
Actualmente, el proyecto enviado por el Gobierno mantiene el beneficio tal como se concibió originalmente. Con el planteamiento de Pacheco, se abre la posibilidad de debatir este mecanismo técnico dentro de las futuras modificaciones a la Ley 87-01 de Seguridad Social, una vez que el Poder Ejecutivo someta su respectiva propuesta ante el Congreso Nacional.
A las puertas de la aprobación definitiva
Tras más de un año de debates en las cámaras legislativas, la reforma laboral se encuentra en la recta final de su proceso legislativo. La iniciativa solo requiere de una aprobación en segunda lectura en la Cámara de Diputados y una posterior ratificación en el Senado para convertirse en ley.
A pesar de que el proyecto figuró en la agenda de la semana pasada, su conocimiento formal se postergó debido a la necesidad de afinar el artículo 638. Dicho apartado establece un límite de dos años para la resolución de juicios laborales, pero los legisladores aún buscan definir cuáles serán las consecuencias legales o institucionales en caso de que los procesos excedan el plazo estipulado.
