TV ONLINE
El sistema de justicia dominicano vive este viernes un día clave. La magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción, tiene previsto emitir a las 3:00 de la tarde el fallo que determinará si los exministros Gonzalo Castillo (Obras Públicas), Donald Guerrero (Hacienda) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) son enviados a juicio de fondo por su presunta vinculación en un millonario esquema de corrupción.
Mientras el Ministerio Público ratifica su solicitud de apertura a juicio argumentando la solidez de su expediente, las defensas técnicas de los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina (2012-2020) apuestan a que se declare la nulidad de la acusación y se dicte un auto de no ha lugar.
La estructura del caso: Desfalco y extorsión La acusación formal que sustenta la Operación Calamar abarca a 47 personas físicas y jurídicas bajo cargos de asociación de malhechores, desfalco, falsificación de documentos y financiamiento ilícito de campañas. El órgano persecutor cifra el perjuicio al Estado en más de 41 mil millones de pesos, divididos principalmente en tres ejes:
Terrenos del Estado: Más de 19 mil millones de pesos en desembolsos presuntamente irregulares para el pago de parcelas declaradas de utilidad pública.
Contratistas: Pagos supuestamente fraudulentos que superan los 21 mil millones de pesos.
Bancas de apuestas: Una alegada estructura de extorsión dedicada a realizar cobros ilegales a bancas de lotería para permitir su operación.
Acuerdos de delación y recuperaciones históricas El avance de la investigación se ha apoyado significativamente en la aplicación de criterios de oportunidad. A través de acuerdos de colaboración con la justicia, varios empresarios y exfuncionarios admitieron su participación, lo que permitió al Estado recuperar sumas sin precedentes. Entre las devoluciones más destacadas se encuentran los casi 2,000 millones de pesos en bienes y efectivo aportados por Ramón Emilio Jiménez Collie («Mimilo») y Fernando Crisóstomo, así como 500 millones de pesos entregados por José Arturo Ureña Pérez. Asimismo, el exdirector de Casinos, Oscar Chalas Guerrero, restituyó 17 millones de pesos y dos vehículos tras admitir cobros irregulares.
El tribunal optó por fragmentar el proceso de varios implicados por distintas razones. El fallo correspondiente al exsenador de Azua, Rafael Calderón, fue separado por motivos de salud y programado para las 9:00 de la mañana de este mismo viernes. De igual forma, el proceso contra los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández se conocerá el próximo 15 de junio, mientras que la acusación contra Natividad Martínez Capellán ya fue enviada de manera independiente a juicio de fondo.
