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La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) encendió el debate político al asegurar que la Junta Central Electoral (JCE) se extralimitó en sus funciones. Según la entidad, el nuevo reglamento que prohíbe publicar encuestas antes de la precampaña no tiene sustento en las leyes vigentes y vulnera derechos constitucionales.
A través de un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la organización dejó claros los puntos más críticos de su postura:
Invasión de funciones: Finjus argumenta que la JCE está «legislando por la vía administrativa». Al crear restricciones que no están en la Ley 20-23 de Régimen Electoral, el órgano electoral invade el terreno exclusivo del Congreso Nacional.
Violación a la Constitución: La medida choca de frente con los artículos 50 y 74 de la Carta Magna, afectando directamente la libertad de empresa y el derecho a la información.
Veda desproporcionada: Mientras la ley actual solo prohíbe difundir sondeos durante los ocho días previos a las elecciones, el reglamento de la JCE pretende imponer un apagón informativo mucho más largo.
Desigualdad informativa: Finjus advierte que esto creará una «asimetría». Los partidos con dinero seguirán haciendo encuestas para su consumo privado, mientras que el ciudadano común se quedará a oscuras.
La posición de Finjus: La institución aclara que la intención de la JCE de evitar la manipulación política es válida. Sin embargo, sostiene que una decisión tan profunda no puede tomarse por decreto interno; debe ser debatida y aprobada en el Congreso como una reforma de ley.
