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GINEBRA. – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lanzó una firme advertencia a la Unión Europea (UE) para que reconsidere la reanudación de las deportaciones de ciudadanos afganos, señalando que las nuevas normativas migratorias que debate el bloque europeo ponen en grave peligro la integridad de estas personas.
Türk expresó su profunda preocupación por las medidas de expulsión que ya han comenzado a aplicar de forma aislada algunos países europeos. El funcionario austríaco enfatizó que las reformas de retorno actualmente bajo el escrutinio de la UE amenazan con desmantelar los estándares internacionales de protección.
«Las nuevas normas propuestas de la UE sobre retornos actualmente en estudio podrían debilitar las garantías de derechos humanos y exponer a las personas a daños», alertó el Alto Comisionado a través de un comunicado oficial.
Exigencia de un plan coordinado frente a la crisis
Ante la alarmante situación de represión y vulnerabilidad que se vive dentro de Afganistán, el jefe de derechos humanos de la ONU reclamó a las naciones europeas un «enfoque más coordinado» y apegado a la legalidad global.
Naciones Unidas enfatizó que la legislación internacional prohíbe las expulsiones colectivas o automáticas hacia zonas de conflicto. En ese sentido, Türk fue categórico: «Advierto firmemente contra todos los retornos involuntarios a Afganistán en ausencia de evaluaciones individualizadas del riesgo».
Una crisis de refugiados en cifras
La presión migratoria sobre la población afgana ha alcanzado niveles críticos a nivel global, no solo en Occidente, sino principalmente en las fronteras de Oriente Medio:
Éxodo en 2025: Tan solo el año pasado, 1.2 millones de afganos fueron expulsados de manera forzosa desde Irán y Pakistán.
Cifras de 2026: En lo que va del año en curso, las deportaciones masivas desde estos países vecinos ya suman 270,000 personas adicionales.
Con este llamado, la ONU busca evitar que Europa agrave la crisis humanitaria de una población que huye de la inestabilidad interna, instando a los gobiernos del viejo continente a priorizar los tratados de asilo y la evaluación de riesgo de cada refugiado antes de proceder con cualquier repatriación.
