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El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) manifestó su desacuerdo ante la reciente decisión del presidente Luis Abinader de paralizar de forma inmediata las actividades relacionadas con el proyecto minero Romero, ubicado en San Juan de la Maguana.
César Dargam, vicepresidente ejecutivo del gremio, señaló que, aunque reconoce la naturaleza conciliadora y empática del mandatario, la detención de este tipo de iniciativas genera incertidumbre sobre el respeto a los procesos institucionales y técnicos. Según Dargam, las decisiones de esta envergadura deberían estar fundamentadas estrictamente en evidencia científica y marcos legales claros.
El potencial de la minería responsable
El representante empresarial destacó que la República Dominicana posee una oportunidad histórica para aprovechar sus recursos naturales mediante una minería responsable. Argumentó que esta industria, bajo los estándares correctos, es capaz de generar un impacto positivo equilibrando tres ejes fundamentales:
Social: Generación de empleos y desarrollo comunitario.
Ambiental: Uso de tecnologías de mitigación y remediación.
Económico: Incremento de la inversión extranjera y los ingresos fiscales.
El conflicto entre la ley y el rechazo social
La decisión del Ejecutivo se basó en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, que faculta al Estado a detener proyectos que cuenten con una oposición social mayoritaria. El presidente Abinader recordó que el proyecto Romero —cuyas concesiones datan desde 2005— se encontraba en una fase de evaluación ambiental sin haber recibido aún permisos de explotación.
Sin embargo, desde el sector privado se insiste en que el cierre de la puerta a la evaluación técnica antes de concluir los estudios pertinentes podría enviar una señal mixta a los inversores internacionales que buscan predictibilidad en el clima de negocios dominicano.
