TV ONLINE
Santo Domingo. El inicio del 2026 arranca con una fuerte sacudida social. La Coordinadora Popular Nacional (CPN) ha publicado su balance anual, y las conclusiones son alarmantes: el 2025 no fue el año del progreso prometido, sino el de una «consolidación elitista» que ha dejado a la mayoría de los dominicanos en la sombra.
En su documento más reciente, la organización denuncia que el país atraviesa un deterioro socioeconómico profundo, marcado por un modelo que prioriza los intereses de unos pocos sobre los derechos fundamentales de la población.
Los puntos críticos del colapso
La CPN no se guarda nada y desglosa las áreas donde el retroceso es más evidente:
Economía en cuidados intensivos: Con un crecimiento del PIB estancado cerca del 2% y una tasa de cambio que rompió la barrera de los RD$63 por dólar, el costo de la vida se ha vuelto insostenible para las familias populares.
Soberanía bajo amenaza: El informe critica la «entrega» del territorio a corporaciones mineras y el uso del suelo dominicano para intereses extranjeros, ignorando el impacto ambiental en las comunidades rurales.
Justicia y Derechos: El 2025 es calificado como el año del “Código Penal del retroceso”, denunciando que se han vulnerado derechos de las mujeres y criminalizado la protesta social, mientras escándalos como el de SENASA quedan en la impunidad.
Tensión Social: Se reporta un aumento preocupante en el discurso de odio, la xenofobia y los desalojos forzosos, creando lo que la CPN define como un «estado de excepción» que favorece a los sectores más acaudalados.
La chispa de la resistencia
No todo es pesimismo en el reporte. El balance resalta que, ante la crisis, la lucha popular ha despertado. Desde las marchas históricas por el agua y la vida hasta las movilizaciones feministas y laborales, la CPN se posiciona como el eje articulador de una ciudadanía que ha decidido no callarse.
El 2025 cierra con una advertencia clara: la estabilidad del país dependerá de la capacidad de respuesta frente a estas demandas sociales. La unidad de los sectores populares se perfila como la única vía para frenar lo que consideran un modelo «excluyente y antipopular».
