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El presidente se apoya en un fallo reciente de la Corte Suprema y busca redirigir a personas sin hogar hacia refugios y centros de tratamiento
El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva destinada a retirar de las calles a personas sin hogar y reubicar a quienes enfrentan adicciones o problemas de salud mental en albergues o centros de tratamiento forzoso. Bajo el título “Poner fin al crimen y al desorden en las calles de América”, la medida instruye a la fiscal general Pam Bondi a impugnar decisiones judiciales que, según la Casa Blanca, impiden a ciudades y estados aplicar restricciones más duras sobre campamentos urbanos y ocupación de espacios públicos.
“La administración Trump garantizará que los estadounidenses se sientan seguros en sus comunidades, y que quienes sufren de adicción o salud mental reciban la ayuda que necesitan”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La orden también contempla priorizar subvenciones federales a ciudades y estados que prohíban el uso abierto de drogas ilícitas, el “camping urbano”, la vagancia, la ocupación ilegal de propiedades y que implementen sistemas para rastrear a ofensores sexuales en zonas urbanas.
La medida presidencial se apoya en un reciente fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, emitido en junio, que autoriza a las autoridades locales a multar o arrestar a personas sin hogar por dormir en espacios públicos, incluso si no hay refugios disponibles. La decisión, aprobada con una votación de 6 a 3 a lo largo de líneas ideológicas conservadoras, revocó una sentencia previa que consideraba esa práctica como un “castigo cruel e inusual”. El nuevo precedente legal allana el camino para políticas más restrictivas, aunque ha generado fuertes críticas entre organizaciones de derechos humanos.
Según cifras oficiales, la población sin hogar en Estados Unidos supera los 700,000 individuos, aunque diversas organizaciones afirman que el número real es mucho mayor debido al subregistro. Ciudades como Nueva York han implementado el “derecho al albergue”, garantizando espacio en refugios, aunque este sistema también se encuentra bajo presión por la alta demanda. La nueva política federal marca un giro radical que pone el foco en la seguridad pública, pero despierta un nuevo debate nacional sobre el equilibrio entre control urbano, dignidad humana y salud social.
