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New York City-
En una votación dividida de 5 a 4, la Junta de Regulación de Rentas de Nueva York aprobó un aumento del 3 % para contratos de arrendamiento de un año y del 4.5 % para contratos de dos años, decisión que afectará a más de dos millones de inquilinos con rentas estabilizadas en los cinco condados. Las nuevas tarifas entrarán en vigor para contratos que comiencen en o después de octubre. La medida se tomó en medio de un creciente debate sobre la crisis de asequibilidad en la ciudad, que sigue siendo una de las más costosas del país para vivir.
El alcalde Eric Adams, quien nombró a todos los miembros de la junta, había sugerido públicamente que un aumento en el rango más alto sería “demasiado alto”, aunque no intervino directamente en la votación. Por su parte, el concejal progresista Zohran Mamdani, quien aspira a postularse para la alcaldía, ha prometido congelar las rentas si es elegido, lo que ha generado un fuerte contraste con la postura moderada del alcalde. Adams ha criticado esta propuesta, calificándola de inviable, y ha defendido un equilibrio entre proteger a los inquilinos y permitir que los propietarios mantengan los edificios ante el aumento de los costos operativos.
Del lado de los propietarios, la presión también fue intensa. Alegan que el aumento en costos de mantenimiento, impuestos y servicios ha puesto en peligro la viabilidad de muchas propiedades, especialmente aquellas más antiguas y sin márgenes de ganancia amplios. En contraste, organizaciones de defensa de inquilinos denunciaron la decisión como una carga adicional en medio de salarios estancados, inflación y un mercado de vivienda saturado. La votación de este año refleja no solo una crisis estructural, sino también la creciente tensión política en torno al futuro del alquiler y la vivienda en Nueva York.
Los propietarios de los aproximadamente un millón de apartamentos con renta estabilizada en la ciudad —una fuente crucial de vivienda asequible— han sostenido que los ingresos actuales por alquiler no alcanzan para cubrir los costos básicos de operación y mantenimiento. Algunos incluso advierten que la situación es tan crítica que podría repetirse un escenario como el de décadas pasadas, cuando la caída del valor inmobiliario llevó al abandono masivo de edificios en vecindarios de bajos ingresos. Esta preocupación ha sido uno de los principales argumentos para justificar los aumentos en las rentas reguladas, aunque organizaciones de inquilinos denuncian que muchas de esas propiedades aún generan ganancias significativas para sus dueños.
