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Aurelio Valdez Alcántara fue capturado en un operativo de «entrega controlada» tras recibir dinero de una persona bajo investigación. La procuradora Yeni Berenice Reynoso encabeza la persecución interna.
En un hecho sin precedentes para la actual gestión, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó el arresto en flagrante delito del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, miembro de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca). El magistrado es acusado de gestionar y recibir una coima de 10,000 dólares a cambio de favorecer a una persona que se encontraba bajo investigación.
El operativo, que culminó la noche del viernes 27 de marzo de 2026, fue una entrega controlada autorizada por un juez, donde se ocupó la suma en efectivo al momento del intercambio.
«Con la misma vara»: La postura de Yeni Berenice
La investigación no ha sido delegada a mandos medios; es dirigida personalmente por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso. La titular calificó el incidente como un acto de extrema gravedad que atenta contra la integridad de la institución que supuestamente debe combatir, precisamente, la corrupción.
«Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién los cometa. Todos serán medidos con la misma vara», enfatizó Reynoso en un comunicado oficial.
Prisión preventiva en camino
La Dirección General de Persecución, bajo el mando del procurador adjunto Wilson Camacho, ya prepara el expediente para solicitar prisión preventiva como medida de coerción en las próximas horas.
Para proceder legalmente contra Valdez Alcántara, debido a su jerarquía, se solicitó previamente a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la designación de un juez instructor que supervise el proceso.
Un golpe a la confianza institucional
El arresto de un fiscal adscrito a la Pepca genera un fuerte impacto en la opinión pública, dado que este departamento es el brazo ejecutor de los casos de corrupción más emblemáticos del país. Con esta acción, el Ministerio Público busca enviar un mensaje de cero tolerancia y blindar la credibilidad de sus procesos judiciales actuales.
