Polémica en Dominicana por un proyecto de ley que impide el ingreso a embarazadas extranjeras

Janet Báez
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Santo Domingo – Una nueva sacudida legislativa pone el foco en la frontera y los hospitales. La Cámara de Diputados analiza un proyecto de ley que busca aplicar «mano dura» a la entrada de extranjeras embarazadas, una medida que promete encender el debate sobre derechos humanos y soberanía nacional.

El «Freno» en la Frontera

La iniciativa, impulsada por la diputada Mirna López (PRM), propone modificar el artículo 15 de la Ley General de Migración (285-04). El objetivo es claro: incluir a las mujeres extranjeras con más de seis meses de embarazo en la lista de personas con prohibición de entrada al país.

Actualmente, este listado «negro» incluye a:

Personas con enfermedades infectocontagiosas, Individuos con antecedentes penales o vínculos terroristas y Personas deportadas anteriormente.

De aprobarse, el embarazo avanzado se convertiría legalmente en un impedimento de entrada, buscando eliminar el «vacío normativo» que, según la pieza, complica las deportaciones de mujeres en situación irregular.


Salud Pública: Emergencias sí, gratuidad no

El proyecto no solo toca la puerta de entrada, sino también las salas de parto. La propuesta contempla cambios en la Ley General de Salud para establecer límites estrictos:

Atención Limitada: Los hospitales atenderán emergencias, pero esto no garantizará la «permanencia migratoria» ni cobertura total de servicios.

Fin de la Gratuidad: El servicio gratuito de salud no aplicará para extranjeros irregulares, salvo en casos de estabilización médica crítica.

    «La creciente presión migratoria irregular compromete los recursos de salud destinados a los dominicanos», justifica la diputada de Santiago en el documento.


    Blindaje contra la Ley de Trata

    Para evitar «escapatorias» legales, la propuesta también busca blindar la Ley de Trata de Personas. Se pretende aclarar que estar enferma o embarazada no otorga automáticamente el estatus de víctima de trata, a menos que se demuestre explotación real.

    Esta medida surge en un contexto donde los partos de extranjeras (principalmente de origen haitiano) son un tema de constante fricción política y económica en la República Dominicana.

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