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La creación de unidades de control interno y la supervisión rigurosa de candidaturas centran el debate legislativo para evitar «filtraciones» en las boletas electorales.
El Senado de la República avanza en la revisión de un proyecto clave para el sistema democrático: la modificación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Tras una reunión este martes, la comisión especial que estudia la pieza legislativa anunció que el proceso entra en una fase crucial de consenso.
El senador Pedro Catrain Bonilla, presidente de la comisión, calificó el estudio como un «proceso dinámico» y confirmó que será este jueves cuando se reúnan formalmente con las organizaciones políticas con representación en el Congreso para discutir los ajustes finales.
Un «filtro» contra candidaturas cuestionables
El punto que ha generado mayor interés es la propuesta de dotar a los partidos de herramientas legales más sólidas para vetar o filtrar aspiraciones. Según explicó Sigmund Freund, delegado político del PRM ante la JCE, la meta es fortalecer la capacidad institucional de las parcelas políticas para impedir que figuras que no cumplan con criterios éticos o legales formen parte de sus boletas.
Para lograrlo, la reforma plantea la creación obligatoria de unidades de control interno, las cuales tendrían las siguientes funciones:
Verificar credenciales: Supervisar el historial de aspirantes y militantes.
Fiscalizar el financiamiento: Endurecer los controles sobre el origen de los recursos en las campañas.
Ratificar o sustituir: Permitir que tanto los partidos como la JCE puedan intervenir en candidaturas que no cumplan con las normas.
«El proyecto incorpora herramientas para que los partidos y la JCE puedan evaluar, ratificar o incluso sustituir candidaturas», destacó José Ignacio Paliza, presidente del PRM, al valorar el trabajo de la comisión especial.
Lo que sigue en la agenda
A pesar del optimismo de los líderes políticos, la pieza aún no llegará al pleno. El encuentro del jueves será determinante para medir el nivel de acuerdo entre el oficialismo y la oposición respecto a estos nuevos mecanismos de control.
Además de los filtros éticos, la discusión también busca corregir lagunas legales tras sentencias recientes del Tribunal Constitucional y asegurar que los partidos puedan ser sujetos obligados en materia de transparencia, un reclamo que diversos sectores de la sociedad civil han mantenido vigente.
