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El Gobierno dominicano rechaza tajantemente la petición de detener las deportaciones y aclara que el «principio de no devolución» no puede ser una carta abierta a la migración irregular masiva.
SANTO DOMINGO, R.D. – En un tono de firmeza diplomática poco antes visto, la República Dominicana ha respondido al reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El mensaje del Estado es claro: la soberanía nacional no es negociable y el país no aceptará que se le imponga la acogida generalizada de ciudadanos haitianos bajo el pretexto de los derechos humanos.
La respuesta oficial surge tras el comunicado de la CIDH del pasado 6 de febrero, donde el organismo internacional instaba a detener las devoluciones de migrantes debido a la crisis que asfixia a Haití.
La «carga desproporcionada» tiene un límite
El Gobierno recordó a la comunidad internacional que República Dominicana ha sido, por décadas, el país que más ha sacrificado recursos para asistir a la población haitiana. Sin embargo, advirtió que la actual crisis humanitaria y de seguridad en el vecino país ha generado una «presión migratoria excepcional» que amenaza la cohesión social y el gasto público dominicano.
«Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo», reza el comunicado oficial, marcando una línea roja frente a las exigencias externas.
Soberanía vs. No Devolución
El punto de mayor fricción radica en el principio de no devolución. Mientras la CIDH pide aplicarlo de forma general, el Estado dominicano calificó esta solicitud de improcedente, ya que equivaldría a legalizar de facto la entrada irregular de cualquier ciudadano por la frontera.
El Gobierno reafirmó que tiene la obligación legítima de regular quién entra y quién sale de su territorio, basándose en la Constitución y las leyes vigentes. La postura dominicana enfatiza que la crisis de Haití es un problema regional y no una responsabilidad exclusiva de Santo Domingo.
