La Corte Suprema de EE. UU. se inclina a tumbar restricciones en Hawái

Janet Báez
3 Min Read

La mayoría conservadora del tribunal sugiere que prohibir el porte de armas en locales privados abiertos al público viola la Segunda Enmienda. El fallo podría anular leyes similares en Nueva York y California.

El debate sobre el control de armas en Estados Unidos ha vuelto al centro del escenario jurídico. Este martes, la Corte Suprema mostró una clara inclinación a invalidar una ley de Hawái que restringe el porte de armas ocultas en propiedades privadas abiertas al público, como gasolineras, comercios y restaurantes.

El fin del «consentimiento explícito»

La ley actual de Hawái establece que nadie puede entrar con un arma a un establecimiento privado abierto al público a menos que el dueño del local dé su consentimiento explícito. Sin embargo, la mayoría de los magistrados (6 de 9 son conservadores) ven esta norma como una barrera inconstitucional.

El juez Samuel Alito fue tajante durante la audiencia, sugiriendo que Hawái intenta relegar la Segunda Enmienda a un «estatus de segunda clase», mientras que el abogado de los propietarios de armas, Alan Beck, recordó que la tradición nacional siempre ha favorecido el porte en lugares de acceso público.

El respaldo de la administración Trump

La impugnación cuenta con un aliado de peso: el Departamento de Justicia de Donald Trump. La subprocuradora general, Sarah Harris, argumentó ante el tribunal que un negocio abierto al público no puede recibir el mismo trato legal que el interior de una vivienda privada, reforzando la idea de que el derecho a portar armas debe prevalecer en estos espacios.

Efecto dominó en otros estados

Si la Corte Suprema falla contra Hawái, se produciría un efecto dominó que afectaría leyes casi idénticas en estados demócratas como:

Nueva York, California, Nueva Jersey y Maryland

Por el contrario, el abogado de Hawái, Neal Katyal, defendió que la Constitución no crea un «consentimiento implícito» para invadir la propiedad ajena con armamento.

El mundo jurídico y político de EE. UU. deberá esperar hasta finales de junio o principios de julio para conocer la sentencia definitiva, la cual promete ser uno de los hitos legales más importantes del año 2026.


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