Bogotá (EFE). El partido político Centro Democrático, fundado y encabezado por el exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), presentó este lunes una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, en la que solicita la excarcelación inmediata del expresidente, condenado en primera instancia a 12 años de arresto domiciliario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
El escrito afirma que el fallo que sentenció a Uribe por un caso de manipulación de testigos vulnera de forma grave y directa diversos derechos fundamentales protegidos por la Constitución colombiana.
De acuerdo con el partido, dicha petición “se fundamenta en la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales del Centro Democrático (oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro) y del afectado, quien es fundador, expresidente y líder natural de la agrupación”.
La organización de corte conservador señaló como derechos presuntamente vulnerados los del debido proceso, libertad individual, igualdad ante la ley, participación política y el derecho a ejercer oposición democrática, entre otros.
“El Centro Democrático interpone acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá con el propósito de salvaguardar los derechos fundamentales tanto del partido político declarado en oposición como del expresidente Álvaro Uribe. Se solicita como medida provisional la liberación inmediata del exjefe de Estado”, publicó el partido en su cuenta oficial de X.
Este es el segundo recurso judicial presentado ante el mismo tribunal con el objetivo de lograr la excarcelación del exmandatario.
En horas de la mañana, la defensa de Uribe también había acudido al mismo mecanismo constitucional, solicitando su liberación mientras se resuelve la apelación de la sentencia en segunda instancia.
Detalles de la condena
A sus 73 años, Uribe se convirtió la semana pasada en el primer expresidente de Colombia condenado penalmente, luego de que un juez lo hallara culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal, en un proceso judicial que él mismo inició en el año 2012.
Ese año, Uribe denunció ante la Corte Suprema de Justicia al senador de izquierda Iván Cepeda, acusándolo de manipular testigos en su contra, pues Cepeda preparaba una denuncia sobre presuntos vínculos del exmandatario con grupos paramilitares.
No obstante, el magistrado a cargo del caso no solo desestimó la denuncia, sino que abrió una investigación contra el expresidente por intentar influir en falsos testimonios desde las cárceles con ayuda del abogado Diego Cadena, buscando desprestigiar a Cepeda.
Como resultado, el expresidente fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria, deberá pagar una multa superior a 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y queda inhabilitado por más de ocho años para ejercer cargos públicos.