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Santo Domingo – El Gobierno dominicano ha decidido elevar la apuesta en el sector enseñanza. Lo que inició como un proyecto de ley para fusionar los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior (Mescyt), ha evolucionado hacia una reforma integral y estructural que será presentada formalmente a mediados de abril de 2026.
El titular del Mescyt, Rafael Santos Badía, confirmó que la nueva propuesta busca transformar el ciclo de formación del individuo desde la primera infancia hasta el nivel de postgrado, dejando en un segundo plano la pieza legislativa que actualmente reposa en el Senado.
Un cambio de estrategia: Primero las leyes, luego el currículo
La nueva hoja de ruta trazada por el Poder Ejecutivo contempla un proceso en dos etapas:
Reforma Legislativa: Un nuevo marco legal consensuado con el Ministerio de Administración Pública (MAP).
Reforma Curricular: Una actualización profunda de los contenidos y métodos de enseñanza para adaptarlos a las exigencias globales.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aclaró que aunque la intención de unificar la mirada del sistema educativo permanece, el Gobierno está abierto a «discutir, reflexionar y encontrar ideas que fortalezcan la iniciativa».
Consenso con las universidades y el Congreso
La propuesta ha encontrado un respaldo unánime entre los rectores de las Instituciones de Educación Superior (IES). En una sesión ordinaria, las autoridades universitarias aprobaron un manifiesto apoyando un diseño educativo capaz de duplicar el tamaño de la economía dominicana para el año 2036.
Por su parte, senadores oficialistas como Alexis Victoria Yeb y Rafael Barón Duluc han visto con buenos ojos esta «redimensión». Los legisladores habían advertido previamente que una fusión apresurada podría ser perjudicial, señalando que la educación superior requiere una atención especializada en el actual contexto de transformación global.
¿Qué pasará con el proyecto actual?
Aunque la ley de fusión depositada en diciembre no ha sido retirada, se anticipa que quedará sin efecto ante la llegada del nuevo paquete de reformas en abril. El objetivo final, según el Gobierno, es crear un sistema «técnicamente sustentado» que garantice la formación de capital humano competitivo.
