SANTO DOMINGO. — En una medida que busca frenar la crecida de críticas y recursos legales, la Junta Central Electoral (JCE) decidió suspender de manera provisional la aplicación del artículo 13 de su reglamento de encuestas, el cual prohibía la divulgación de sondeos de opinión con fines electorales fuera de los periodos oficiales de precampaña y campaña.
La disposición suspendida, aprobada en mayo de este año, penalizaba incluso la filtración de estudios de mercado político de uso interno de las organizaciones partidarias. La decisión de congelar la medida contó con la oposición interna de los magistrados Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises, quienes argumentaron fallas de procedimiento al considerar que el Pleno carece de atribuciones para invalidar mediante resolución administrativa un reglamento previamente aprobado por la propia institución.
Pese a las objeciones procedimentales dentro del órgano electoral, la rectificación fue acogida con beneplácito por juristas, empresarios de medios y organizaciones de la sociedad civil, quienes señalaron que la restricción vulneraba derechos fundamentales como la libertad de prensa, la libertad de empresa y el acceso a la información.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), catalogó la suspensión como una medida de prudencia institucional y abogó porque la restricción sea eliminada de forma definitiva. En esa misma línea, Cándido Mercedes, excoordinador de Participación Ciudadana, valoró la rectificación al considerar que el Pleno se excedió en sus facultades legales, mientras que ejecutivos de medios como Dany Alcántara (ACD Media) destacaron que las leyes electorales dominicanas solo prohíben la difusión de encuestas ocho días antes de los comicios y el uso de exit polls el día de las votaciones.
A pesar de la suspensión administrativa decidida por la JCE, el destino definitivo del artículo 13 queda en manos de la justicia. La organización Justicia Sin Fronteras mantiene abierta una acción judicial originada en el Tribunal Superior Electoral y derivada por competencia al Tribunal Constitucional, cuya sentencia definitiva sobre la validez y constitucionalidad del reglamento se espera en los próximos días.