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La declinación de Luis Henry Molina y otros tres magistrados para someterse a la revisión de su desempeño expone las debilidades metodológicas de un sistema que carece de puntuaciones objetivas.
SANTO DOMINGO — El proceso de evaluación a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) vuelve a quedar en el centro del debate institucional tras la renuncia simultánea de cuatro de sus integrantes a someterse al examen del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Entre los magistrados que decidieron no optar por un nuevo período figuran el presidente del alto tribunal, Luis Henry Molina Ramírez, junto a Nancy Salcedo Fernández, María Gerinelda Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia. Aunque ninguno argumentó públicamente inconformidad con el proceso y se acogieron al marco normativo vigente, la coincidencia de las salidas reabre las interrogantes sobre los vacíos del sistema de medición judicial.
El peso del antecedente de 2025
El escenario actual evoca las sombras del proceso evaluativo de 2025, el cual concluyó con la salida de los jueces Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón. En aquella ocasión, decisiones clave terminaron definiéndose mediante el voto calificado del presidente Luis Abinader tras empates cuatro a cuatro dentro del CNM.
Dichos antecedentes dejaron al descubierto la brecha entre los informes técnicos favorables y los veredictos finales, evidenciando cómo criterios subjetivos como la cercanía a la edad de retiro o interpretaciones de gestión se impusieron sobre la reducción real de la mora judicial.
¿Evaluación técnica o apreciación política?
Si bien la Constitución (Art. 181), la Ley Orgánica 138-11 y el Reglamento 2-25 establecen un abanico de criterios como integridad, producción de sentencias, eficiencia e independencia, el sistema carece de una matriz pública de puntuación.
Esta ausencia de métricas objetivas genera un amplio margen de discrecionalidad en un órgano de naturaleza predominantemente política, donde la mayoría oficialista ejerce un peso determinante y varios de sus integrantes no poseen formación jurídica.
Sectores jurídicos y de la sociedad civil advierten que, al no haber una escala clara que conecte los datos estadísticos con el resultado final, la evaluación corre el riesgo de desnaturalizarse y convertirse en un nuevo proceso de selección política, comprometiendo así la garantía de independencia del Poder Judicial.
