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Santo Domingo, R.D. – En una respuesta contundente a la alarmante situación de los siniestros viales en el país, el Defensor del Pueblo propuso formalmente la creación de una Mesa Técnica Nacional de Responsabilidad Civil por Daños a Infraestructura de Servicios Esenciales. La iniciativa busca establecer un protocolo obligatorio e inmediato para que los conductores y sus aseguradoras paguen por los destrozos causados al mobiliario público y a las redes eléctricas.
La propuesta surge en respaldo al editorial de Listín Diario titulado “La pandemia vial que nos azota”. En una carta enviada a su director, Miguel Franjul, el órgano constitucional argumentó que las pérdidas millonarias en postes, transformadores, semáforos, luminarias, barandas y puentes exigen una «respuesta de Estado» articulada.
¿Cómo funcionará la ruta de cobro y qué entidades participan? El proyecto formal será remitido a la Superintendencia de Seguros para que lidere la convocatoria amparada en la Ley 146-02. El engranaje interinstitucional también integrará al Intrant, la Digesett, el Ministerio Público, los ayuntamientos, la Superintendencia de Electricidad, las distribuidoras de energía (EDEs) y la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar).
El procedimiento de recobro se ejecutará de la siguiente manera:
Levantamiento obligatorio: La Digesett levantará el acta del accidente identificando de inmediato al conductor y al propietario del vehículo.
Cobro a la aseguradora: Tras verificar la póliza vigente, se exigirá formalmente el pago del daño a la compañía de seguros.
Cobro al patrimonio personal: En caso de que el vehículo no tenga seguro o la cobertura sea insuficiente, se activará un cobro directo contra el patrimonio del responsable, independientemente de las sanciones judiciales correspondientes.
