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Nueva York — El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado un proceso legal de alta prioridad para revocar la ciudadanía estadounidense a un grupo de 17 personas de origen extranjero. Entre los señalados por las autoridades federales se encuentra un ciudadano de nacionalidad dominicana, cuyo estatus migratorio pende de un hilo tras detectarse presuntas irregularidades graves en su proceso de naturalización.
El proceso, conocido legalmente como desnaturalización, es una medida civil extrema que el gobierno estadounidense aplica únicamente en casos donde se demuestra que el beneficiario obtuvo el pasaporte estadounidense mediante el fraude, el ocultamiento de delitos graves o el engaño deliberado a las autoridades de inmigración.
¿Por qué EE.UU. busca quitar la ciudadanía?
Aunque el Departamento de Justicia maneja de forma estricta los expedientes individuales, las investigaciones federales que derivan en estos procesos suelen estar vinculadas a:
Fraude migratorio: Ocultación de identidades reales o uso de documentación falsa en los formularios de residencia y posterior ciudadanía.
Historial criminal oculto: Haber cometido delitos graves (felonías) dentro o fuera de EE.UU. antes de juramentar como ciudadano y no haberlos declarado en la entrevista del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Vínculos con redes criminales: Participación en redes de narcotráfico, lavado de activos, fraude al sistema de salud o crimen organizado antes de su naturalización.
Un proceso judicial riguroso
A diferencia de la deportación de residentes legales, retirarle la ciudadanía a un nacionalizado requiere de una demanda formal ante un Tribunal Federal de Distrito. Las autoridades estadounidenses deben presentar «pruebas claras, inequívocas y convincentes» de que el acusado obtuvo el beneficio de forma ilegal.
De fallar el juez en contra de los implicados, estos perderán automáticamente todos sus derechos civiles como estadounidenses, sus pasaportes serán revocados y, en la mayoría de los casos, serán devueltos al estatus de extranjeros deportables, enfrentando la expulsión inmediata hacia sus países de origen.
Las autoridades consulares y judiciales continúan cruzando información mientras los casos avanzan en las cortes federales.
