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El Gobierno dominicano ha decidido apostar por la diplomacia y el consenso frente a las nuevas tensiones comerciales con Estados Unidos. Ante la reciente inclusión de la República Dominicana en una lista de 60 economías señaladas por Washington por supuestamente no prevenir el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro, las autoridades locales aclararon que la medida responde a una política pública general del país norteamericano y no a un ataque directo contra la competitividad nacional.
Eduardo «Yayo» Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), transmitió un mensaje de tranquilidad al sector exportador, asegurando que los canales de diálogo con la administración estadounidense permanecen abiertos y activos.
«Estamos en coordinación con el sector privado. El país está unificado en este tema y hasta este momento no hemos perdido competitividad», afirmó el funcionario, tras explicar que los productos agrícolas clave continúan exentos y que las condiciones impositivas actuales afectan por igual a los mercados competidores de la región.
El peso de la nueva amenaza
La investigación, liderada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la dirección de Jamieson Greer, podría concluir en las próximas semanas. De confirmarse la sanción, los exportadores dominicanos enfrentarían un nuevo gravamen arancelario de entre el 10% y el 12.5%.
Este escenario revive la incertidumbre del «Día de la liberación» en abril de 2025, cuando el presidente Donald Trump impuso un arancel generalizado del 10% a las importaciones para incentivar la manufactura estadounidense. Aunque dicha medida fue declarada ilegal por la Corte Suprema de EE. UU. en febrero de este año ordenando el reembolso de los fondos cobrados, la actual ofensiva de la USTR reactiva las alertas en los puertos nacionales, como Río Haina.
Sector privado cierra filas con el Gobierno
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) respaldó la postura oficial y defendió el historial del país en materia laboral. El principal gremio empresarial dominicano enfatizó que la nación respeta los estándares internacionales y se mostró dispuesto a proveer toda la información técnica necesaria para aclarar la realidad del campo y las industrias locales ante las autoridades estadounidenses.
Reacción en cadena en América Latina
La República Dominicana no está sola en este diferendo. Países como México, Costa Rica y Honduras también figuran en la lista de la USTR y han comenzado a mover sus fichas:
México presentará un informe detallado de sus acciones contra el trabajo forzoso para frenar los gravámenes.
Costa Rica anunció medidas para salvaguardar a su sector exportador.
Honduras ha optado por asumir la crisis como una «oportunidad de mejora» para reforzar sus inspecciones laborales.
Mientras el reloj avanza para la decisión final de Washington, República Dominicana confía en que la vía institucional y el frente unificado entre el Gobierno y los empresarios evitarán un impacto mayor en la economía local.
