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BARAHONA, RD.– Lo que debió ser un proyecto de desarrollo vial para la provincia de Barahona se ha transformado en un conflicto legal y comunitario. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la empresa constructora COGUSA y el ingeniero contratista Luis Peña enfrentan una querella formal con constitución en actor civil, acusados de provocar graves daños materiales a terrenos privados durante los trabajos de reconstrucción de la carretera que conecta a los municipios de Polo y El Higüero.
La acción judicial fue depositada ante la Procuraduría Fiscal de Barahona por el ciudadano Wandel Yogeire Cuevas, propietario de predios colindantes con el tramo vial intervenido. Según la denuncia, las maquinarias y operaciones del proyecto avanzaron sobre sus terrenos vulnerando sus derechos legítimos de propiedad y afectando directamente su patrimonio, todo esto sin contar con su consentimiento previo.
Con este recurso penal y civil, el afectado busca que el Ministerio Público fiscalice formalmente la magnitud de los daños y obligue a las entidades responsables a asumir una justa compensación financiera.
Un conflicto que amenaza con extenderse
El caso de Cuevas no es un hecho aislado. La intervención de la obra ha desatado un descontento generalizado entre los agricultores de la zona. Productores de las comunidades de Los Arroyos, Bretón y Mazaco anunciaron de manera conjunta que también procederán legalmente ante los tribunales.
«En ningún momento hemos otorgado autorización ni aval legal a la constructora para ingresar o intervenir nuestros terrenos productivos», enfatizaron los agricultores de la demarcación.
Los comunitarios advirtieron que las demandas no solo irán dirigidas contra el MOPC y COGUSA, sino que incluirán al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su condición de organismo internacional que financia el proyecto vial, debido a la falta de fiscalización y respeto a los derechos de propiedad locales.
