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Los abogados del exministro afirman que la decisión judicial ratifica la falta de pruebas objetivas; el Cuarto Juzgado de la Instrucción descartó enviar a juicio de fondo al exfuncionario tras evaluar los elementos del expediente.
Santo Domingo. – El equipo legal del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, calificó la decisión judicial que lo favoreció como una confirmación inequívoca de las deficiencias estructurales que arrastraba el expediente acusatorio formulado por el Ministerio Público. Según los juristas, el proceso penal en contra de su representado se fundamentó desde su génesis en narrativas, conjeturas e interpretaciones mediáticas que carecían de un soporte probatorio verificable y objetivo.
La resolución de «no ha lugar», dictada por la magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, puso fin a la fase preliminar del proceso judicial que investiga una presunta red dedicada a la sustracción de más de 19,000 millones de pesos en perjuicio del Estado dominicano. Para los defensores de Peralta, el dictamen judicial revalida el principio constitucional de presunción de inocencia frente a acusaciones sin sustento fáctico.
«Este fallo pone de manifiesto una verdad jurídica ineludible: nadie puede ni debe ser enviado a un juicio de fondo cuando el expediente carece de elementos probatorios reales. La presunción de inocencia no puede ser desplazada por narrativas mediáticas ni por percepciones alejadas de la evidencia», manifestaron a través de un comunicado conjunto los abogados Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez.
Documentos del órgano acusador favorecieron el descargo
La barra de la defensa enfatizó que, en el transcurso de las audiencias, se aportó un robusto inventario de auditorías oficiales, certificaciones institucionales y peritajes financieros que demostraban el proceder lícito de Peralta, desvinculándolo por completo de los hechos punibles señalados por el órgano persecutor.
Incluso, los profesionales del derecho revelaron un detalle técnico relevante sobre la estrategia de litigio: una parte significativa de los propios documentos y certificaciones que el Ministerio Público incorporó de manera formal a su acusación terminaron beneficiando el descargo de José Ramón Peralta Fernández, al dejar en evidencia la ausencia de nexos delictivos o de responsabilidad penal vinculante.
Decisiones encontradas en la etapa preliminar
Con la sentencia emitida el pasado viernes, el tribunal trazó líneas distintas para los principales implicados en la supuesta estructura de corrupción:
Favorecidos con el «No ha Lugar»: Además de José Ramón Peralta, la magistrada Ramírez de la Cruz dictó el cese de la persecución penal en favor del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y otros tres coimputados en el expediente.
Excluido de la medida: Por el contrario, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, a quien las autoridades judiciales ubican en una posición central dentro del presunto esquema fraudulento, no recibió el dictamen de «no ha lugar», debiendo continuar su proceso de acuerdo con las normativas legales.
