Deuda sobre ruedas: República Dominicana ha tomado US$2,000 millones prestados en siete años para «aliviar» el tránsito

Cinco contratos de financiamiento internacional visados por el Ejecutivo y el Congreso Nacional revela la millonaria inversión destinada a reestructurar la movilidad vial en las principales urbes del país.

Santo Domingo. – El caótico panorama del tránsito en la República Dominicana, lejos de ser un problema estacional, representa uno de los desafíos estructurales más costosos para el Estado. Una evaluación detallada a los registros de financiamiento público revela que el país ha contraído compromisos financieros que superan los dos mil millones de dólares en los últimos siete años, recursos destinados exclusivamente a mitigar el congestionamiento y optimizar la infraestructura vial, con especial atención en las grandes metrópolis nacionales.

El monto global se desprende del análisis minucioso de cinco contratos de préstamos internacionales. Dichos expedientes financieros contaron con el aval técnico del Ministerio de Hacienda, la aprobación del Poder Ejecutivo y la ratificación del Congreso Nacional, otorgándoles el carácter de prioridad estatal bajo el argumento de transformar la movilidad urbana y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

Fiscalización de los recursos

A pesar de las elevadas partidas presupuestarias captadas a través del crédito externo para «mejorar» la viabilidad de las calles y avenidas, el día a día de los conductores en los centros urbanos sigue marcado por retrasos, taponamientos y deficiencias logísticas. Esta disonancia entre la deuda adquirida y la realidad vial pone bajo la lupa la eficiencia en la ejecución, los tiempos de entrega y el verdadero impacto de los proyectos que son financiados con el dinero de los contribuyentes.

Los cinco convenios de préstamo bajo análisis forman parte de una estrategia de endeudamiento que compromete las finanzas del país a mediano y largo plazo, abriendo el debate sobre la necesidad de una mayor fiscalización y transparencia en el uso de los fondos destinados al desarrollo del transporte terrestre y las obras viales en el territorio nacional.