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El controversial reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe la publicación de encuestas fuera de los plazos de precampaña no solo enfrenta el rechazo de los partidos y la sociedad civil, sino que ahora choca de frente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC). Expertos jurídicos y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advierten que el órgano electoral incurrió en un «vicio de nulidad» al legislar por la vía administrativa e invadir facultades exclusivas del Congreso Nacional.
La comunidad jurídica ha reactivado varios fallos históricos del TC como la emblemática sentencia TC/0032/12 que establecen con claridad que ningún reglamento puede rebasar, contrariar ni sustituir el espíritu de una ley. Al imponer un «apagón informativo» de 14 meses que la Ley 20-23 de Régimen Electoral no contempla, la JCE habría violado el principio de supremacía constitucional.
Los puntos neurálgicos que colocan el reglamento en la cuerda floja son:
Exceso de poder reglamentario: Finjus e importantes juristas recuerdan que la función de la JCE es desarrollar la ley, no inventar nuevas restricciones que afecten la libertad de empresa (de las encuestadoras) y el derecho a la información de los ciudadanos.
Desprecio a la Ley Electoral: Mientras el artículo 216 de la Ley 20-23 limita la prohibición de publicar sondeos estrictamente a los ocho días previos a las votaciones, el reglamento de la JCE pretende extender el veto de forma desproporcionada.
Mezcla errónea de leyes: El abogado Julio Cury señala que la JCE cometió el error de trasladar de forma «mimética» un plazo de la Ley de Partidos Políticos (referente al calendario interno de precampaña) a un fenómeno comunicacional autónomo como son las encuestas.
Desobediencia mediática y batallas en los tribunales
El debate ya pasó de la teoría a la acción. El periodista Danny Alcántara, presidente del grupo ACD Media, rompió lanzas contra la resolución al anunciar que mantendrá la publicación de su próxima encuesta este lunes, argumentando que la medida de la JCE es flagrantemente ilegal y confirmando que evalúa recurrir a las vías constitucionales.
Por su parte, el abogado Olivo Rodríguez Huertas y el sociólogo José del Castillo coincidieron en que los consensos políticos entre la JCE y los partidos no tienen el poder de pasar por encima de la Constitución. Advierten además que la medida generará una peligrosa «asimetría informativa», donde las élites políticas manejarán datos para consumo interno mientras se mantiene a la ciudadanía en la ignorancia.
